En una resolución calificada como un "hito histórico" por el gremio docente, la Corte Suprema revocó los fallos de la Corte de Apelaciones de Concepción y ordenó a las municipalidades de Quilleco y Laja restituir los montos descontados a profesores que participaron en las movilizaciones de 2025.
El máximo tribunal estableció que las deducciones aplicadas fueron actos "arbitrarios" e "ilegales", al no haberse desarrollado procedimientos administrativos previos que permitieran garantizar el derecho al debido proceso de los docentes afectados.
UN CONFLICTO ORIGINADO EN 2025
El conflicto judicial tiene su origen en la paralización nacional convocada por el Colegio de Profesores, realizada los días 15 de mayo, y 4 y 5 de junio de 2025. Tras estas jornadas, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, instruyó el descuento de remuneraciones a aquellos docentes que no desempeñaron funciones durante las movilizaciones.
Bajo este criterio administrativo, distintos municipios del país ejecutaron rebajas salariales. Sin embargo, desde el gremio docente se cuestionó la forma en que se aplicaron dichas medidas, acusando la inexistencia de procedimientos que permitieran verificar las inasistencias o ejercer descargos.
Según explicó a La Tribuna Jorge Barriga, presidente regional del Colegio de Profesores, la aplicación de descuentos por participar en manifestaciones gremiales no tenía precedentes, lo que derivó en la presentación de recursos de protección ante los tribunales.
EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA
La Tercera Sala de la Corte Suprema fundamentó su resolución en que, si bien no existe una norma legal que obligue a desarrollar un sumario previo para efectuar descuentos, sí era indispensable instruir un procedimiento administrativo que permitiera establecer con precisión los días de ausencia y otorgar a cada trabajador la posibilidad de justificar su inasistencia.
En ese contexto, el tribunal advirtió que la sola referencia a informes elaborados por directores de establecimientos educacionales no resulta suficiente para atribuir responsabilidades individuales a los docentes involucrados.
En sus sentencias dictadas el 7 y 12 de enero de 2026, el máximo tribunal concluyó que las municipalidades de Quilleco y Laja vulneraron garantías constitucionales, entre ellas el derecho de propiedad sobre las remuneraciones y el derecho al debido proceso.
IMPACTO LOCAL
Desde la Municipalidad de Quilleco, el alcalde Claudio Solar Jara sostuvo que la decisión de aplicar descuentos se adoptó en base a la interpretación de los dictámenes de la Contraloría, indicando que cada día de paralización significó una pérdida cercana a los $6 millones para las arcas municipales.
Si bien reconoció como "extraño" que la resolución judicial no coincida con el criterio del organismo contralor, el jefe comunal afirmó que el municipio acatará el fallo una vez sea notificado formalmente.
En tanto, la presidenta comunal del Colegio de Profesores en Laja, Carolina Valenzuela Mendoza, valoró la resolución del máximo tribunal, especialmente tras el rechazo inicial del recurso en la Corte de Apelaciones.
PRÓXIMOS PASOS ADMINISTRATIVOS
El abogado regional del Colegio de Profesores, Juan Francisco Arellano, quien presentó los recursos de protección, subrayó que los fallos de la Corte Suprema son inapelables y establecen un precedente relevante para eventuales paralizaciones futuras.
En ese contexto, el profesional relevó el alcance nacional de la resolución, señalando que —según los antecedentes que maneja el gremio— no existirían otros casos en el país en que se haya logrado revertir descuentos aplicados tras instrucciones de la Contraloría General de la República.
Además, el abogado destacó que el fallo establece condiciones formales que deben cumplirse antes de cualquier medida administrativa que afecte a los docentes.