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El texto aprobado recoge siete mociones que fueron refundidas y ajustadas por la Comisión de Educación, que decidió extender la prohibición a todo el sistema escolar y fijar un marco claro de derechos y deberes para estudiantes, apoderados y docentes. La normativa comenzará a aplicarse desde el inicio del año escolar 2026.
El presidente de la Comisión de Educación, el senador Gustavo Sanhueza, explicó que la idea detrás del proyecto es ordenar el espacio educativo y reforzar el acompañamiento digital de parte de las familias.
Sanhueza agregó que la norma también incorpora una obligación para el Estado: promover un uso seguro, formativo y consciente de los contenidos digitales dentro del sistema educativo.
"Queremos que la tecnología acompañe el aprendizaje, pero sin invadir ni entorpecer los procesos formativos", afirmó.
La prohibición no será absoluta. Habrá excepciones cuando el celular sea usado como herramienta pedagógica, como apoyo técnico para estudiantes con necesidades especiales, para monitoreo de salud o en casos de emergencias, desastres o catástrofes.
También podrá autorizarse su uso de forma temporal si el apoderado lo solicita por razones fundadas de seguridad.
La medida cubrirá a toda la comunidad educativa durante las actividades curriculares dentro de la sala de clases.
En educación media, sin embargo, los colegios tendrán la opción de habilitar horarios o espacios específicos para el uso de celulares, considerando la autonomía progresiva de los adolescentes.
Si la ley se aprueba, los establecimientos educacionales tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para actualizar sus reglamentos internos y adaptarlos a las nuevas reglas.
Además, el Ministerio de Educación deberá presentar en marzo de 2030 una evaluación integral del impacto de la medida.
Ese informe deberá considerar efectos en convivencia escolar, rendimiento académico, bienestar socioemocional y posibles brechas digitales generadas por la restricción.
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