La comunidad educativa del jardín infantil y sala cuna Javiera Carrera de Cabrero presentó una grave denuncia contra la Fundación Integra por vulneración de derechos fundamentales de niños y trabajadoras, tras la desvinculación abrupta de dos educadoras el pasado 19 de junio.
Según una carta formal entregada a la Dirección Regional de Integra en Concepción —a la que tuvo acceso este medio—, los hechos ocurrieron durante la jornada pedagógica del jueves 19, cuando representantes de la fundación ejecutaron la desvinculación de ambas trabajadoras argumentando "necesidades de la empresa".
DESPIDO INMEDIATO SIN CONTENCIÓN
Las educadoras afectadas, con más de 18 años de trayectoria en el jardín, habrían sido retiradas de forma abrupta, sin previo aviso y escoltadas fuera del recinto por orden de la directora subrogante. El procedimiento generó un fuerte impacto emocional en los niños del establecimiento.
El documento agrega que las trabajadoras fueron tratadas con "frialdad, humillación y desprecio".
Los apoderados sostienen que el hecho provocó un quiebre en los lazos afectivos construidos entre las educadoras y los párvulos. Esto generó inestabilidad emocional en los menores y en el resto del equipo educativo, quienes debieron continuar con sus labores "en condiciones emocionalmente deterioradas".
Además, se acusa que no se entregó información oficial a las familias tras los hechos. También, señalan que se incumplió el reglamento interno de Integra, el cual —según indican— prohíbe desvincular personal en ejercicio y exige un aviso previo de 30 días.
DENUNCIA Y NORMATIVA DE INFANCIA
En el escrito se argumenta que la desvinculación transgredió principios legales y éticos contenidos en la Ley General de Educación y la Convención sobre los Derechos del Niño. Especialmente en lo referido al "interés superior del niño" y su derecho a establecer vínculos significativos con sus educadoras.
Asimismo, se señala que el Estado —como financiador de este tipo de establecimientos— tiene la responsabilidad de fiscalizar y garantizar entornos educativos seguros y afectivos, incluso cuando son gestionados por entidades privadas.
Los apoderados presentaron un petitorio con nueve exigencias principales: la reintegración inmediata de las educadoras, una explicación pública de la fundación sobre las razones reales del despido y la destitución de la directora subrogante Lilian Lafont, acusada de liderar el procedimiento de manera deshumanizada. También solicitan la salida de la asesora técnica Paula Jara, por su responsabilidad indirecta en decisiones de gestión.
Además, demandan la creación de un Centro General de Padres y Apoderados con participación vinculante, la entrega a la comunidad del reglamento interno del jardín, la implementación de un programa permanente de contención emocional para las trabajadoras afectadas y la disposición de garantías de que Fundación Integra no se autodefina como "garante de derechos" mientras no cumpla estándares éticos mínimos.
Finalmente, exigen fiscalización permanente por parte del Ministerio de Educación, con visitas en terreno y revisión de protocolos.
PROTESTA EN CONCEPCIÓN
La denuncia fue entregada de manera presencial durante la mañana del lunes 30 de junio en el edificio de Fundación Integra en Concepción, ubicado en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda.
Un grupo de representantes de los apoderados se manifestó de forma pacífica a las afueras de la institución, exigiendo respuestas concretas y medidas inmediatas por parte de la dirección regional.
La respuesta de Fundación Integra
Ante la denuncia pública y la manifestación de los apoderados realizada en Concepción, Fundación Integra entregó una declaración firmada por su Dirección Regional del Biobío.
En el documento, la institución no aborda directamente los hechos denunciados ni entrega una versión específica sobre la desvinculación de las dos educadoras. Sin embargo, desliza que el proceso se enmarcaría en el ámbito de sus atribuciones legales como empleador, al afirmar que la relación con sus trabajadores "se regula en atención a la normativa legal que dispone el Código del Trabajo".
La fundación reafirma su misión institucional centrada en garantizar ambientes educativos "basados en una convivencia bien tratante y en ambientes protegidos", sostenidos por equipos profesionales que actúan como "garantes de derecho y de agentes de cambio social" para el desarrollo integral de los niños y niñas.
El escrito finaliza con la promesa de seguir "resguardando la atención de niños y niñas que asisten al establecimiento, en contextos educativos respetuosos y de bienestar integral, en alianza con las familias y la comunidad; como, asimismo, nuestro fiel compromiso con el cumplimiento de la normativa laboral, la transparencia y el respeto".