La convivencia escolar continúa siendo uno de los principales desafíos para las comunidades educativas del país. En la provincia de Biobío la situación no es ajena: durante 2024, se registraron 224 denuncias ante la Superintendencia de Educación, cifra que representó el 18% del total regional.
En lo que va de 2025 ya se han ingresado 26 denuncias en este ámbito, una menos que en igual periodo del año anterior. Pese a la leve baja, las autoridades advierten que se debe mantener una vigilancia activa para evitar que estos conflictos escalen.
Carlos Martínez, director regional de la Superintendencia de Educación en Biobío, sostuvo que estas cifras deben ser vistas como una advertencia para las comunidades escolares, más que como una señal de alarma.
INVITACIÓN A ACTUAR
Durante 2024, la región del Biobío registró un total de mil 223 denuncias por convivencia escolar. De ese total, 224 correspondieron a la provincia de Biobío, lo que la posicionó como uno de los territorios con mayor número de casos.
En el primer trimestre de 2025, las 26 denuncias registradas en la provincia representan el 19% del total regional, que asciende a 138 denuncias. Ello implica alza porcentual leve respecto del año anterior, a pesar del descenso en la cifra absoluta.
Frente a este panorama, la superintendencia ha reforzado el acompañamiento a los establecimientos, priorizando una estrategia de Gestión Colaborativa de Conflictos, que promueve el diálogo como herramienta para la resolución temprana de problemas.
"Ofrecemos un servicio de mediación en el que actuamos como terceros imparciales. Nuestro objetivo es construir acuerdos entre familias y establecimientos, antes de que los conflictos se agraven", señaló Martínez.
Además, se están desarrollando talleres normativos y jornadas formativas dirigidas a directivos, docentes y asistentes de la educación, con presencia en comunas como Los Ángeles, Mulchén, Cabrero y Nacimiento, entre otras.
MARCO NORMATIVO EN REVISIÓN
La superintendencia ha enfatizado también en la necesidad de actualizar los reglamentos internos y protocolos de actuación de los establecimientos educacionales. Estos deben estar alineados con la normativa vigente y construirse de manera participativa, involucrando a estudiantes, apoderados, equipos docentes y directivos.
Martínez advirtió que contar con documentos vigentes no es suficiente: su implementación efectiva requiere el compromiso activo de toda la comunidad escolar.
Otro punto clave es el proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, actualmente en trámite legislativo. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, busca ampliar las atribuciones de la superintendencia, fortalecer la respuesta institucional y entregar nuevas herramientas a los establecimientos.
Por todo lo anterior es que desde la Superintendencia de Educación se invitó a las comunidades educativas a utilizar los canales de orientación, revisar sus reglamentos y acceder al servicio de mediación como una herramienta preventiva.
El objetivo, señalan, es avanzar hacia una cultura escolar donde el respeto, el diálogo y el bienestar compartido sean pilares de la vida educativa.
