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La medida fue adoptada por el sindicato de funcionarios tras no lograr acuerdos básicos en torno a las demandas laborales que, a su parecer, son "esenciales" para mejorar sus condiciones de trabajo y revalorizar su rol como docentes del establecimiento.
La movilización, que en primera instancia había sido programada hasta el viernes 9 de mayo, se realizará de forma indefinida mientras no se llegue a acuerdo con la administradora, lo que afectará a los más de mil 400 estudiantes que conforman la comunidad educativa, proveniente de sectores rurales y localidades cercanas como Tomeco, Yumbel, General Cruz, Yungay, Campanario y Monte Águila.
En conversación con Diario La Tribuna, el presidente del sindicato de trabajadores del establecimiento, Carlos Moncada, aseguró que los apoderados del colegio conocían tanto los procesos de negociación que se desarrollaban como la posibilidad, desde hoy efectiva, de acogerse a huelga.
Por ello, Moncada llamó al Arzobispado de Concepción a "interceder en este conflicto, ya que nuestra principal preocupación es nuestra comunidad estudiantil y sus familias".
También, existe preocupación por el impacto económico que conlleva una paralización de estas características, en la que las remuneraciones permanecerán suspendidas. No obstante, el cuerpo de trabajadores sostiene que se trata de la única vía legal "para ser escuchados por nuestro empleador".
A pesar de la suspensión temporal de todas las actividades estudiantiles, el convenio de alimentación con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) continuará operando con normalidad durante la semana, lo que permitirá ofrecer desayunos y almuerzos a los estudiantes que reciben este beneficio.
Los trabajadores del Colegio San José de Cabrero, organizados en un sindicato compuesto por 113 personas que representa a más del 90% del personal, aseguran haber desarrollado un proceso de negociación "con apertura al diálogo, flexibilidad y voluntad de alcanzar consensos".
Por ello, acusan a la Fundación Cristo Rey de "mostrar gran intransigencia y escasa disposición a negociar, manteniendo una postura única a lo largo de todo el proceso". Dicha posición, afirman, forzó a desarrollar la primera huelga legal en los más de 70 años de trayectoria del establecimiento.
Entre las principales demandas del petitorio figuran un reajuste salarial general; mejoras en las asignaciones por colación, movilización y responsabilidad; el reconocimiento del título técnico-profesional de los asistentes de la educación del establecimiento; la entrega de indemnizaciones por 15 años de servicio y por invalidez total o parcial; y la instalación de equipos de aire acondicionado en las salas de clase.
Consultados por la problemática, desde la Fundación Cristo Rey se entregó una respuesta formal indicando que las demandas superan ampliamente las capacidades financieras de la institución.
En esa línea, se recordó que la entidad se encuentra constituida como "fundación sin fines de lucro, cuyo objetivo es administrar recursos educativos de forma eficiente para asegurar la sostenibilidad de los establecimientos y el aprendizaje de los estudiantes".
En respuesta, la organización sindical acusa que el petitorio es el resultado de un persistente estado de abandono, que se ha traducido en deficiencias estructurales, escasa comunicación entre ambas partes y prácticas antisindicales, que llevaron al despido del 20% de los afiliados del sindicato luego de su conformación, en 2023.
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