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En el marco del reporte de "Salud Financiera en la Educación Superior en Chile" informado por la Superintendencia de la Educación Superior (SES), se dio a conocer la existencia de diez centros de formación técnica, nueve universidades y seis institutos profesionales que presentan cierto grado de estrés financiero.
Aunque el estudio da cuenta que el sistema goza de buena salud y un riesgo bajo, se hace presente que 59.605 estudiantes - de los 1.341.439 que componen la matrícula de pregrado, posgrado y postítulo de educación superior en Chile, es decir, el 4,4% - está en alguna institución que sí está en peligro financiero.
En cifras, esto se traduce que 10 de 47 CFT están en riesgo, nueve de 58 universidades y seis de 32 IP que corresponden respectivamente al 4,5%, 5,7% y 2% de la matrícula de cada subsector.
Aunque desde la misma SES señalaron que no dirían cuáles son estas instituciones para evitar un perjuicio a las casas de estudios que estén pasando por problemas financieros, diario La Tribuna conversó con el superintendente José Miguel Salazar.
El personero aprovechó de aclarar algunos puntos respecto de cuáles son las medidas que puede tomar la entidad en los casos donde se den estas irregularidades.
- Según el informe de Salud Financiera de entidades de educación superior, si bien reveló que existe un bajo nivel de riesgo financiero en la mayoría, aún hay instituciones que tienen problemas económicos. ¿Cómo podría afectar esto a las comunidades educativas que presentan estas dificultades?
Es importante destacar que el informe elaborado por la Superintendencia de Educación Superior, además de revelar que el sistema de educación superior chileno presenta, en general, un bajo nivel de riesgo por motivos financieros, dio cuenta que en 10 años la cifra de estudiantes matriculados en instituciones de educación superior que presentan algún nivel de riesgo se redujo a un tercio, pasando de más de 180 mil, en 2012, a menos de 60 mil actualmente.
En ese periodo también se robusteció la legislación para el sector, fundamentalmente con la promulgación de la Ley 21.091, que entre otras acciones creó a la Superintendencia de Educación Superior, justamente, con la finalidad de velar y fiscalizar que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país cumplan con la ley, sean financieramente sustentables y respondan a los compromisos convenidos con sus estudiantes.
En conclusión, hoy tenemos un respaldo legal y nuevas exigencias, como la acreditación obligatoria de las instituciones, que nos permite hacernos cargos de las situaciones que emergen y ofrecer como Estado una mayor protección a los estudiantes.
- Y a través del trabajo de la superintendencia, ¿cómo se llevan los casos de reportes de problemas financieros? ¿Qué arriesgan las instituciones que no cumplan con los parámetros normales de funcionamiento?
La Superintendencia de Educación Superior desarrolla un trabajo de supervigilancia permanente sobre las instituciones de educación superior, y en base a ese rol, cada vez que detecta algún tipo de inconsistencia financiera o eventuales incumplimientos legales, que exigen una revisión más profunda, se ordenan acciones de fiscalización para determinar la pertinencia de abrir un proceso administrativo sancionatorio.
La Ley 20.800 establece que una institución de educación superior que incumpla con sus compromisos financieros, administrativos o laborales; o incumpla con los compromisos académicos asumidos con sus estudiantes; o se constaten infracciones graves de sus estatutos, se expone a que esta Superintendencia le ordene la elaboración de un plan de recuperación, o bien el nombramiento de un administrador provisional, si la situación es más compleja, para que asuma el control temporal de la institución.
Y, en los casos más graves, la SES puede proponer al Ministerio de Educación que dé inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial y se proceda al nombramiento de un administrador de cierre.
- Y ¿dónde se pueden acercar las personas a hacer las denuncias de estas u otras irregularidades a las que puedan estar expuestos en la educación superior?
Como Superintendencia de Educación Superior velamos porque las instituciones de educación superior cumplan con los compromisos suscritos con sus estudiantes y para recibir los reclamos y denuncias que puedan surgir desde las distintas comunidades contamos con una plataforma digital, que permite agilizar la tramitación de estos.
Para acceder a ella deben ingresar a nuestro sitio web en www.sesuperior.cl. La ley nos establece un plazo máximo de 15 días hábiles para realizar un análisis preliminar del caso y determinar el curso a seguir.
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