Estado y seguridad

El anuncio del Gobierno de evaluar un nuevo estado de excepción constitucional de carácter territorial, junto con la presentación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) por parte del Presidente José Antonio Kast en cadena nacional, constituye una de las reformas en materia de seguridad de mayor alcance impulsadas hasta ahora por esta administración.

Según explicó el biministro Claudio Alvarado, la iniciativa estaría dirigida exclusivamente a barrios o sectores determinados, definidos mediante parámetros objetivos de criminalidad. La conducción recaería en Carabineros, con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y facultades excepcionales, entre ellas la posibilidad de restringir la libertad de desplazamiento dentro de las zonas intervenidas. En paralelo, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, trabaja en la identificación de los sectores que eventualmente serían priorizados.

La medida forma parte de un plan más amplio que contempla un despliegue permanente de recursos policiales y de seguridad en los 50 barrios con mayores índices de criminalidad del país y más de 30 proyectos legislativos agrupados bajo la ACOT. Entre ellos destacan la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y una reforma constitucional destinada a consagrar la seguridad como un deber esencial del Estado. El Presidente respaldó estas iniciativas con cifras oficiales -entre ellas una disminución de 18,7% en los homicidios y de 45% en los secuestros confirmados por la PDI al 26 de julio-, antecedentes cuyo impacto y evolución deberán evaluarse conforme avance la implementación de estas políticas.

El propio Mandatario reconoció que la reforma abrirá un intenso debate. Ese debate debe desarrollarse dentro de los cauces institucionales propios de una democracia. La discusión sobre el alcance, la duración y los mecanismos de control de estas facultades excepcionales, así como sobre los criterios que determinarán qué barrios serán intervenidos, requiere la participación del Congreso, especialistas y las comunidades directamente involucradas.

Corresponderá al Congreso, durante la tramitación de estas iniciativas, evaluar si las herramientas propuestas permiten alcanzar el equilibrio entre una respuesta más eficaz frente al crimen organizado y el pleno respeto de las garantías constitucionales. Mientras ello ocurre, aún resta conocer los criterios que definirán los sectores que podrían ser intervenidos y el alcance efectivo de las facultades excepcionales. En una democracia, la seguridad y el Estado de Derecho no son principios contrapuestos: ambos deben fortalecerse de manera simultánea, porque la eficacia en el combate al crimen solo adquiere plena legitimidad cuando se ejerce dentro del marco constitucional y con los controles que exige una sociedad democrática.