Paz duradera

La nueva prórroga del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur vuelve a abrir una pregunta que no se puede seguir postergando: ¿cómo avanzar desde la contención de la violencia hacia una paz estable y permanente? La discusión ya no parece centrarse en si la medida ha sido efectiva o no porque las cifras muestran una reducción significativa de los hechos de violencia rural, los ataques incendiarios, los cortes de ruta y las usurpaciones, sin embargo, el desafío es a largo plazo.

Durante años, la inseguridad marcó la vida de miles de familias, trabajadores, emprendedores y comunidades de las regiones del Biobío y La Araucanía. El temor se transformó en una realidad cotidiana que afectó la inversión, el empleo y la convivencia. En ese contexto, el despliegue de las Fuerzas Armadas y de las policías permitió recuperar grados de control territorial que parecían perdidos. No obstante, serie un error interpretar estos resultados como la solución definitiva del problema.

La propia discusión parlamentaria y las voces provenientes de los sectores productivos coinciden en que el estado de excepción es, por naturaleza, una herramienta transitoria. No fue concebido para transformarse en una política permanente ni para reemplazar las responsabilidades del Estado en materia de seguridad, justicia y desarrollo.

Esto, porque la paz no se construye con presencia militar, sino que requiere instituciones capaces de garantizar el cumplimiento de la ley, una persecución penal eficaz contra quienes recurren a la violencia y, al mismo tiempo, espacios de diálogo que permitan abordar conflictos siguen presentes.

Resulta particularmente relevante que dirigentes gremiales, directamente afectados por los atentados durante años, hoy hablen de acuerdos, entendimiento y soluciones que trasciendan los períodos de gobierno. Esa mirada refleja una madurez que el debate público también necesita asumir. La violencia debe seguir disminuyendo, pero el objetivo final debe ser una convivencia basada en la confianza y el respeto al Estado de Derecho.

Los indicadores muestran avances, pero aún existen sectores donde la normalidad está lejos de consolidarse y donde persisten grupos violentos que desafían la autoridad del Estado. Por eso, la transición desde la excepcionalidad hacia una estrategia de largo plazo exige decisión política, acuerdos amplios y una visión que vaya más allá de las urgencias del presente.  La paz duradera no será fruto de una prórroga mensual ni de una cifra favorable en un informe estadístico. Será el resultado de una política de Estado capaz de combinar seguridad, justicia, desarrollo y diálogo.