Estado de excepción y desafíos para Biobío

La reciente aprobación de una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia para la Macrozona Sur vuelve a poner sobre la mesa un tema que trasciende la contingencia política y que tiene implicancias directas para la Región del Biobío. La medida, que se mantiene vigente en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío, busca dar continuidad a una estrategia que las autoridades consideran necesaria para resguardar la seguridad en un territorio que durante años ha enfrentado hechos de violencia que han afectado a comunidades, trabajadores y sectores productivos.

La medida fue respaldada por el Senado con 39 votos a favor y 2 en contra.

Durante la discusión en el Senado, el Ejecutivo defendió la continuidad de la medida argumentando que, desde 2021, los hechos de violencia rural han disminuido en un 79% y los atentados contra transportistas en un 89%. Asimismo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que persisten desafíos en materia de control de armas, indicando que se ha detectado un aumento del 37% en esta área, razón por la cual se están impulsando iniciativas destinadas a fortalecer la fiscalización, especialmente en zonas fronterizas.

Más allá de las cifras expuestas por el Gobierno, la discusión tiene especial relevancia para el Biobío. La seguridad constituye un requisito fundamental para el desarrollo de actividades económicas relevantes para la región, como la agricultura, el transporte, el sector forestal, el comercio y el turismo. La posibilidad de invertir, emprender y generar empleo depende, en gran medida, de la existencia de condiciones que otorguen certeza y confianza a quienes desarrollan su trabajo en el territorio.

Sin embargo, el propio debate legislativo dejó en evidencia que la discusión no se agota en la continuidad de esta herramienta. Durante la sesión, diversos senadores advirtieron que la violencia no ha desaparecido y recordaron que mayo fue el mes con más hechos de este tipo en lo que va del año, lo que, a su juicio, evidencia que en la macrozona continúan existiendo y actuando células de carácter terrorista. Asimismo, se planteó la necesidad de evaluar los próximos pasos en materia de seguridad, considerando que una medida concebida como excepcional se ha mantenido durante un período prolongado.

En el debate también se valoró el trabajo coordinado entre las policías, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público para enfrentar la criminalidad en la zona. Junto con ello, varios parlamentarios insistieron en la necesidad de avanzar en políticas públicas que contribuyan a mejorar la conectividad y las condiciones de vida de los habitantes de la Macrozona Sur.

Esa reflexión resulta particularmente pertinente para la Región del Biobío. Si bien la disminución de los hechos de violencia reportada por el Ejecutivo constituye una señal positiva, el desarrollo de los territorios requiere una mirada de largo plazo. La recuperación de la tranquilidad debe ir acompañada de inversión, infraestructura, oportunidades laborales y mejores condiciones para las familias que viven tanto en sectores urbanos como rurales.

La nueva prórroga aprobada por el Senado responde a una realidad que las autoridades estiman vigente y que continúa demandando medidas extraordinarias. No obstante, el desafío de fondo sigue siendo construir condiciones permanentes de seguridad y desarrollo que permitan a las provincias de Biobío y Arauco desplegar plenamente su potencial. Más que la extensión de una medida excepcional, lo que está en juego es la capacidad de consolidar un futuro con mayores oportunidades, estabilidad y bienestar para quienes habitan el sur del país.