La seguridad hídrica ha dejado de ser una preocupación exclusiva del mundo agrícola para transformarse en una necesidad estratégica para el desarrollo del país. Sin embargo, mientras Chile debate sobre crecimiento económico, empleo y seguridad alimentaria, miles de proyectos y trámites vinculados al uso eficiente del agua continúan atrapados en una burocracia que avanza a un ritmo muy inferior al que exigen las necesidades productivas y climáticas actuales.
La advertencia realizada por la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta) merece atención, ya que no se trata únicamente de una demanda sectorial ni de una solicitud de mayores recursos, sino que, de la capacidad de sostener inversiones, generar empleo y asegurar la producción de alimentos en un contexto donde la disponibilidad de agua se ha vuelto cada vez más incierta. Para un agricultor, invertir durante meses en una temporada y no contar con riego suficiente equivale a ver desaparecer no solo su esfuerzo, sino también los ingresos de numerosas familias que dependen directa e indirectamente de la actividad agrícola.
La realidad del Biobío refleja con claridad esta necesidad. Aunque la región posee ventajas comparativas respecto de otras zonas del país en disponibilidad de recursos hídricos, aún enfrenta importantes desafíos de infraestructura. La canalización, impermeabilización de canales y modernización de sistemas de distribución de agua son obras que no pueden seguir postergándose si se pretende aprovechar de manera eficiente cada metro cúbico disponible.
Pero el problema no es únicamente técnico. La llamada "permisología" se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de iniciativas públicas y privadas. Cuando existen decenas de solicitudes pendientes relacionadas con derechos de agua, cambios de captación o autorizaciones necesarias para ejecutar inversiones, el mensaje que recibe el sector productivo es de incertidumbre. Y la incertidumbre rara vez favorece el crecimiento.
El desafío, por tanto, exige una mirada de largo plazo. El Estado debe fortalecer su capacidad de respuesta administrativa, acelerar los procesos sin sacrificar los estándares ambientales y promover mecanismos innovadores de financiamiento que permitan concretar obras de mediana y gran escala. Asimismo, resulta indispensable comprender que las soluciones no serán iguales para todas las regiones: mientras algunas requieren nuevas fuentes de abastecimiento, otras necesitan modernizar la infraestructura existente para evitar pérdidas y optimizar la distribución del recurso.
Chile ha aprendido, muchas veces a través de las crisis, que la prevención siempre resulta más económica que la reacción tardía. La infraestructura hídrica debe ser entendida como una inversión estratégica y no como un gasto. Cada canal mejorado, cada embalse construido y cada trámite agilizado representan una oportunidad para fortalecer la producción, proteger empleos y garantizar la seguridad alimentaria de las futuras generaciones.