Las discusiones sobre crecimiento económico suelen concentrarse en las grandes cifras: inversión, empleo, productividad o competitividad. Sin embargo, detrás de esos indicadores existe una realidad menos visible, pero determinante para el desarrollo del país: la de miles de pequeñas y medianas empresas que sostienen la actividad económica de los territorios y generan oportunidades donde muchas veces el Estado y las grandes inversiones no alcanzan.
La tramitación de la denominada Ley de Reconstrucción Nacional ha abierto un debate relevante sobre cómo impulsar la recuperación económica y fortalecer la capacidad productiva de Chile. Entre las distintas voces que han participado de esta discusión, la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) ha puesto el foco en la necesidad de que las medidas propuestas contemplen un respaldo efectivo para las pymes agrícolas.
Esta observación no es menor ya que, en sectores como el lechero, gran parte de la producción nacional proviene precisamente de pequeños y medianos productores que enfrentan crecientes desafíos para mantener su competitividad. El alza de los costos de fertilizantes, energía y combustibles, sumada a la incertidumbre económica internacional, ha estrechado los márgenes de operación de muchas explotaciones agrícolas que cumplen un rol fundamental en la economía rural.
En este contexto, las herramientas destinadas a incentivar la inversión, agilizar proyectos y fomentar la contratación pueden transformarse en instrumentos valiosos. No obstante, su impacto dependerá en gran medida de la capacidad que tengan para llegar a quienes más dificultades enfrentan para acceder a financiamiento, incorporar tecnología o asumir nuevas cargas tributarias. La recuperación económica difícilmente será sostenible si se concentra únicamente en los grandes actores productivos.
La reducción de la burocracia para la ejecución de proyectos también aparece como un desafío pendiente. En numerosas ocasiones, iniciativas destinadas a modernizar procesos, ampliar infraestructura o mejorar la productividad quedan atrapadas en largos procedimientos administrativos que terminan desincentivando la inversión. Avanzar hacia una mayor eficiencia institucional no implica debilitar los mecanismos de control, sino generar condiciones que permitan concretar proyectos dentro de plazos razonables y con reglas claras.
Del mismo modo, la certeza jurídica y tributaria constituye un factor esencial para cualquier actividad económica. Los productores agrícolas requieren horizontes previsibles que les permitan planificar inversiones de largo plazo, especialmente en sectores donde los retornos no son inmediatos y las decisiones productivas se toman con años de anticipación.
La experiencia demuestra que cuando las pymes cuentan con estabilidad, acceso a financiamiento y condiciones adecuadas para desarrollarse, los beneficios trascienden a las propias empresas, se fortalece el empleo formal, se dinamizan las economías locales y se generan mayores oportunidades para las comunidades rurales.
La reconstrucción económica que Chile necesita no puede medirse únicamente por el volumen de inversión que logre atraer sino también, por su capacidad de fortalecer a quienes, día a día, sostienen la producción nacional desde los territorios. Si las pequeñas y medianas empresas son efectivamente el motor de la economía, como suele afirmarse, entonces resulta indispensable que ocupen un lugar prioritario en las políticas destinadas a impulsar el crecimiento y el desarrollo del país.