Un nuevo capítulo sumó la investigación que lleva adelante la fiscalía regional de Ñuble por una presunta asociación delictiva que habría operado durante años al interior del sistema de justicia penal de Los Ángeles.
Esta vez, el ministerio público formalizó por el delito consumado de tráfico de armas a Moisés Alejandro Bastardo Bastardo, ya condenado a presidio perpetuo en otra causa y actualmente recluido en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.
La audiencia se desarrolló hoy en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, donde la fiscalía expuso antecedentes que vinculan a Bastardo con maniobras destinadas a obtener beneficios procesales mediante una supuesta colaboración con la justicia.
Debido a que el imputado se encuentra privado de libertad cumpliendo condena, el ministerio público solicitó únicamente la medida cautelar de prohibición de comunicarse con los demás co-imputados de la causa.
Según los antecedentes expuestos por el ente persecutor, durante 2022 las abogadas investigadas habrían realizado gestiones ante fiscales del ministerio público luego de tomar conocimiento de que Bastardo enviaría armas a un tercero.
La acción buscaba sustentar una eventual cooperación eficaz que permitiera acceder a beneficios procesales, aunque finalmente no prosperó el reconocimiento de una colaboración sustancial.
La formalización de Bastardo se enmarca en una investigación más amplia que indaga la existencia de una presunta asociación delictiva que habría operado entre 2017 y 2025.
De acuerdo con la fiscalía, la estructura habría estado integrada por abogados, funcionarios judiciales y otros colaboradores, quienes habrían accedido a información reservada y desarrollado diversas maniobras para favorecer intereses particulares en causas penales.
En la misma audiencia también fueron formalizadas la abogada C.A.C.U. y la secretaria P.A.J.G., del estudio jurídico Cortés y Romero, imputadas por los delitos de asociación delictiva y acceso indebido a información.
El tribunal decretó para ambas las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicarse con los demás coimputados mientras continúa la investigación.
"Según el ente persecutor, a lo menos desde 2017 y hasta a marzo de 2025, las imputadas (...) ayudaron a las socias Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, en la concreción de acciones delictivas, junto con el apoyo a sus cónyuges, el exfiscal del ministerio público de Los Ángeles, Rodrigo Durán Fuica, y el exdefensor penal jefe de la defensoría penal pública de Los Ángeles, Patricio Iván Gutiérrez Marinado", informó hoy el Poder Judicial, recordando que todos los mencionados ya habían sido formalizados.
Asimismo, existen diligencias pendientes respecto de un exfiscal y una magistrada de Los Ángeles, en una investigación desarrollada por la fiscalía regional de Ñuble, junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.
