Durante años, Chile observó el fenómeno del crimen organizado como una realidad distante, asociada principalmente a otros países de la región. Sin embargo, las cifras conocidas esta semana a través del informe del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la Universidad San Sebastián dan cuenta de un aumento sostenido de las causas vinculadas a este fenómeno en el país y también en la región del Biobío.
El aumento de un 167,7% en las causas vinculadas al crimen organizado en la última década -según revela el informe del Cescro de la Universidad San Sebastián- no puede interpretarse como una estadística más. "Pasamos de alrededor de un 2% a un 5% de los delitos", precisó la investigadora Camila Astraín, subrayando el crecimiento sostenido del fenómeno. Detrás de esos números existen territorios afectados por el narcotráfico, barrios donde circulan armas ilegales, familias expuestas a la violencia y comunidades que comienzan a normalizar delitos que hace algunos años parecían excepcionales.
Más preocupante aún es que menos de un tercio de estas causas termina con condenas. De acuerdo con el estudio, actualmente solo un 27,8% de las causas asociadas al crimen organizado concluye con sentencias condenatorias. El dato refleja no solo la complejidad de estas organizaciones criminales, sino también las limitaciones estructurales del sistema de persecución penal. Cuando casi el 40% de las causas en Biobío termina archivada provisionalmente, la señal que recibe la ciudadanía es inquietante: muchos delitos simplemente quedan sin resolver.
La región del Biobío aparece hoy como la tercera del país con mayor cantidad de causas asociadas al crimen organizado. Y no se trata únicamente de tráfico de drogas. Según el informe elaborado por el Cescro, las principales causas en la región están vinculadas a drogas, armas y violencia, evidenciando una transformación del fenómeno delictual que exige respuestas distintas a las tradicionales.
El desafío es enorme y requiere mucho más que anuncios coyunturales. La persecución del crimen organizado demanda especialización, inteligencia, coordinación entre instituciones y capacidad tecnológica. Tal como advirtió la investigadora Camila Astraín, muchos de estos delitos operan bajo modalidades complejas y digitales, dificultando la obtención de evidencia y la persecución efectiva. Las estructuras criminales operan con redes complejas, utilizan plataformas digitales, manejan recursos y adaptan rápidamente sus métodos. Combatirlas exige un Estado preparado para esa nueva realidad.
Junto con fortalecer a policías, fiscalías y tribunales, también es necesario recuperar espacios sociales donde el crimen organizado encuentra terreno fértil: sectores marcados por el abandono, la desigualdad, la falta de oportunidades y la desconfianza hacia las instituciones. La seguridad no puede entenderse únicamente desde el control policial; también involucra cohesión social, prevención y presencia efectiva del Estado en los territorios.
Detrás de cada cifra existe una comunidad que demanda seguridad, tranquilidad y respuestas concretas. Por eso, el avance del crimen organizado no puede analizarse únicamente desde los números, sino también desde el impacto que genera en la vida diaria de las personas. El desafío para el Estado y las instituciones será actuar con oportunidad y coordinación, evitando que estas redes continúen ganando espacio en los territorios y afectando la convivencia de las comunidades.
Finalmente, también es necesario reconocer que durante los últimos años distintas instituciones del Estado, policías, fiscalías y organismos especializados han impulsado medidas, operativos y estrategias para enfrentar el avance del crimen organizado. Sin embargo, las cifras expuestas por el estudio evidencian que los esfuerzos realizados hasta ahora aún resultan insuficientes frente a la magnitud, complejidad y capacidad de expansión que han alcanzado estas redes delictuales. El desafío, por tanto, no pasa solo por continuar lo avanzado, sino por fortalecerlo con mayor coordinación, recursos y capacidad de respuesta frente a un fenómeno que evoluciona constantemente.