El exceso de tendido aéreo en desuso ha transformado el paisaje urbano de las ciudades de la provincia de una manera que las propias autoridades han calificado como "escandalosa". Cables sueltos, colgantes o incluso enredados en árboles se han vuelto parte del paisaje cotidiano, generando entre los peatones la incertidumbre de si están electrificados, mientras el sobrepeso en las postaciones aumenta el riesgo de colapsos durante temporales. Se trata de una situación que, por su permanencia en el tiempo, se ha normalizado, incluso olvidando que representa un riesgo latente para la comunidad.
Tras seis años de espera desde su promulgación en 2019, la entrada en vigor del reglamento de la Ley "Chao Cables" abre una posibilidad concreta para enfrentar este problema. La normativa establece un marco de responsabilidades claras: las empresas de telecomunicaciones deberán presentar planes anuales de retiro y ordenamiento a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), identificar todo su cableado mediante rotulación y mantener la infraestructura en buen estado. A esto se suma la fiscalización tanto de la entidad como de los municipios, un doble nivel de supervisión que otorga garantías, pero también mayores exigencias.
La Subtel estima que el primer "gran despeje" del acumulado histórico tomará entre dos y tres años, con una planificación inicial entre noviembre y diciembre de este año para comenzar las ejecuciones en enero de 2026. Se priorizarán los sectores más críticos identificados por cada municipio, lo que entrega a las autoridades locales un rol clave en la definición de los lugares por donde se debe comenzar.
El desafío de los cables "huérfanos" de empresas extintas también tiene respuesta: mesas de retiro donde las compañías activas deberán asumir colectivamente esa carga. Además, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) asegura que el material no termine en vertederos, sino que se recicle para recuperar cobre y plástico reutilizables.
La efectividad de esta ley no dependerá solo de la normativa en sí, sino del compromiso tripartito entre empresas, municipios y ciudadanía. Las compañías pueden transformar esta obligación en una oportunidad para demostrar responsabilidad social; las municipalidades tienen el deber irrenunciable de fiscalizar y coordinar, e incluso de impulsar ordenanzas locales que agilicen el proceso, mientras que la comunidad tiene en sus manos la posibilidad de denunciar situaciones de riesgo a través de los canales ya habilitados, como la opción "Riesgo en la vía pública" de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Con planificación adecuada y ejecución coordinada, Los Ángeles y las comunas de la provincia podrán aspirar a calles más seguras y a un entorno urbano más armónico. El camino será gradual, pero por primera vez existe un marco legal para comenzar a despejar los cielos de la ciudad.