Transformación de la autoridad pedagógica

La violencia contra los docentes ya no puede considerarse un hecho aislado ni reducido a episodios excepcionales. Los datos son claros: según la investigación aplicada a 148 profesores de nuestra provincia —dada a conocer en La Tribuna—, más del 80% ha sido testigo de agresiones hacia colegas, y un 48% reconoce haberlas sufrido directamente, siendo la verbal la más frecuente. Peor aún, un 41% de quienes padecen estas situaciones opta por no denunciarlas, convencidos de que "no sirve de nada" enfrentarse a protocolos ineficaces.

Si bien no es una muestra determinante, los datos dan cuenta de que quienes ejercen la docencia conviven diariamente en un ambiente poco seguro debido a un proceso de transformación dentro del aula, poco estudiado y visibilizado, que afecta finalmente la calidad de la enseñanza y la confianza en el aula como espacio formativo.

Cuando la "autoridad pedagógica" se erosiona por insultos, amenazas o interrupciones constantes, lo que está en juego no es únicamente el bienestar del profesor: también se debilita el derecho de los estudiantes a aprender en un clima de respeto.

El desgaste emocional, las licencias médicas prolongadas y la desmotivación que revela el estudio son consecuencia de un sistema que ha dejado a los docentes demasiado solos frente a este fenómeno. La normalización del maltrato —ese silencio que calla por miedo o por costumbre— es el síntoma más evidente de un problema que no se debe seguir ignorando.

La autoridad pedagógica, entendida como ese vínculo que permite al docente guiar, formar y exigir, no puede depender de la improvisación diaria ni quedar a merced de la violencia. Como señalaba la académica Carmen Claudia Acuña: "Hoy la autoridad pedagógica ya no se da por el solo hecho de ser profesor; se construye en el día a día y en una relación más horizontal con los alumnos. Lo preocupante es cuando esa autoridad se ve sacudida por la violencia, dejando al docente en una posición de vulnerabilidad".

Se requiere, entonces, un abordaje integral: protocolos claros y efectivos, acompañamiento real desde las instituciones y una alianza activa con las familias, que son parte esencial de la comunidad educativa.

La violencia contra docentes debe ser tratada como un tema país, con la misma urgencia con la que enfrentamos otros problemas sociales, ya que esto no solo afecta la dignidad de los profesores, sino la garantía de que niños, niñas y adolescentes aprendan en entornos seguros.