La reciente Cumbre de las Regiones 2025, realizada la semana pasada en Concepción, ha buscado dejar en claro que la descentralización debe dejar de ser un asunto de "segunda línea" para convertirse en un tema central de la conversación política. Gobernadores, alcaldes, académicos y representantes del sector privado coincidieron en que la dependencia excesiva de Santiago limita el desarrollo integral de las regiones, y que ha llegado la hora de dotar a los territorios de mayor poder de decisión efectiva para tomar un mayor control sobre su futuro.
Sin embargo, el debate presidencial realizado dejó un sabor amargo, según la evaluación de la politóloga Jeanne Simon, quien precisó que los tres candidatos presentes —Evelyn Matthei, Jeannette Jara y José Antonio Kast— estuvieron "al debe" en materia de propuestas concretas para la descentralización.
Este desfase entre el discurso de la élite política y las demandas de las regiones no es nuevo, pero la campaña presidencial y parlamentaria que se avecina representa una oportunidad única para corregirlo. Los candidatos al sillón presidencial, y especialmente quienes aspiren a representar a distritos del Biobío y a otras regiones del país, deben comprender que la descentralización no debe ser entendida como "una concesión desde Santiago", sino, por sobre todo, una necesidad estratégica para el desarrollo nacional.
Esto, porque tal como lo recuerda la Declaración de Concepción, firmada por las entidades organizadoras, ¡Chile será descentralizado o no será desarrollado!, como lo señaló el cientista político español-catalán Joan Prats Catalá en su prólogo del libro "Pensando Chile desde sus Regiones" (2009).
La provincia de Biobío conoce de sobra las consecuencias del centralismo: decisiones presupuestarias que privilegian al Gran Concepción, postergación de proyectos estratégicos en conectividad e infraestructura, y limitaciones para responder con agilidad a emergencias locales. Revertir esa realidad requiere más que promesas: exige reformas legales que transfieran competencias, fortalezcan la probidad y garanticen recursos estables para los gobiernos regionales y municipios.
Por eso, creemos firmemente que el verdadero liderazgo presidencial y parlamentario se debe medir por la capacidad de descentralizar con responsabilidad, recursos y confianza en los territorios. Quien entienda esto no solo ganará votos, sino también la oportunidad histórica de que Chile avance hacia un modelo de desarrollo más equitativo, sostenible y representativo.