Durante la madrugada de este sábado 19 de julio, la violencia volvió a interrumpir la tranquilidad en nuestra zona. Esta vez, fue una pequeña empresa de Nacimiento la que sufrió en carne propia el peso de un atentado incendiario ocurrido en la ruta que conecta Angol y Collipulli.
En la oportunidad, uno de sus tres camiones fue interceptado por sujetos armados mientras su conductor se preparaba para iniciar el día. Obligado a conducir bajo amenaza de pistola por varios kilómetros, el trabajador fue finalmente liberado, ileso, pero emocionalmente muy afectado. El vehículo fue completamente destruido por las llamas.
El camión no era solo una máquina. Era el símbolo de cinco años de esfuerzo, pagos mensuales y deseos de seguir creciendo. Su destrucción representa una pérdida económica cercana a los 90 millones de pesos, pero también un fuerte golpe a un emprendimiento basado en la confianza y el sacrificio. "Esto es una pérdida total, saben lo que hacen", relató su dueño, Carlos León.
Este hecho no puede relativizarse ni minimizarse. Hay que entender que este tipo de ataques no solo afectan a una empresa, sino que representan un mensaje implícito a todos quienes aún creen en emprender, en trabajar y en crecer desde regiones como Biobío. La violencia jamás puede validarse como forma de expresión y al afectar a pequeños empresarios, trabajadores o comunidades completas, se transforma en una amenaza directa no solo desde el punto de vista económico, sino también representa un atentado al tejido social.
En su testimonio, León hizo un llamado que merece atención: "Esto no tiene color político, lo que está en juego es el derecho a vivir en paz", dijo. Y tiene mucha razón: el conflicto en la Macrozona Sur se ha convertido en terreno fértil para la descalificación ideológica entre contendores políticos, cuando lo que urge es una respuesta común, decidida y sin ambages de ningún tipo. Chile no puede seguir atrapado en medio de las trincheras, especialmente electorales, mientras en el mundo real suceden este tipo de hechos que, literalmente, reducen a ceniza frutos del esfuerzo.
Lo sucedido exige una condena transversal, pero también acciones concretas. La seguridad, la justicia y el desarrollo no pueden seguir siendo promesas de campaña o meros discursos de las autoridades de turno.
El Estado debe garantizar las condiciones para que empresas pequeñas y grandes puedan operar sin miedo y, por sobre todo, para que los trabajadores salgan de sus casas con la certeza de que volverán sanos y salvos. Algo que hoy, en nuestra zona, no todos pueden asegurar.