El segundo Informe de Iniciativas Municipales de la Universidad Diego Portales (UDP) revela que las capacidades comunales en materia de seguridad dependen casi exclusivamente del presupuesto de cada territorio. Según el documento, los municipios a nivel nacional implementan en promedio 14 acciones de seguridad, pero con una enorme variabilidad: algunos llegan a 26 medidas, mientras otros no realizan ninguna.
A nivel provincial, Los Ángeles lidera el listado con 20 iniciativas de seguridad, aunque el resto del territorio vive realidades dispares. Mulchén, por ejemplo, posee 147 cámaras de seguridad operativas, pero cuenta con menos personal que Los Ángeles; Tucapel mantiene cuatro comités de seguridad activos, pero apenas 20 cámaras; y Quilaco, Antuco y Quilleco operan con presupuestos que solo les permiten implementar entre seis y nueve de las 30 medidas evaluadas por el informe.
Otra arista del problema, según el mismo informe, es la ausencia de evaluaciones de efectividad en cuanto a reducción del delito o percepción ciudadana de seguridad, lo que aumenta el riesgo de que los municipios inviertan recursos escasos en medidas que no generan los resultados esperados.
La carga delictual tampoco se reparte de manera uniforme en el país, y las comunas urbanas concentran muchos más hechos policiales que sus vecinas. Por ejemplo, Los Ángeles acumuló 5.519 casos policiales en lo que va de 2025, Cabrero sumó 914, Mulchén llegó a 809 y Yumbel alcanzó 794. Por el contrario, Antuco registra solo 90 casos y Quilaco 101 desde inicios de este año.
Frente a una realidad tan diversa, la intervención estatal resulta imprescindible. El plan Calles Sin Violencia se ha focalizado en comunas con altos índices de violencia —46 municipios en su primera etapa, lo que incluye a Concepción, Los Ángeles y Coronel— y ha reforzado la persecución penal en los sectores más críticos, pero su limitada aplicación evidencia que el Estado debe focalizar en demasía para ser efectivo.
El proyecto de ley de seguridad municipal actualmente en discusión parlamentaria representa una oportunidad para empezar a corregir estas inequidades mediante el establecimiento de estándares mínimos de seguridad ciudadana —que sean independientes de la capacidad fiscal local— además de mecanismos de financiamiento y coordinación que nivelen las oportunidades de protección entre comunas.
La experiencia de la provincia de Biobío demuestra que es posible hacer mucho con pocos recursos, pero también que ese esfuerzo tiene límites estructurales que solo políticas públicas integrales pueden superar. La radiografía es clara, y las medidas deben atender esas necesidades de manera urgente y equilibrada en todo el territorio.