Acceso al agua potable en la provincia

La crisis hídrica que mantuvo sin agua a San Carlos de Purén durante más de 10 días nos vuelve a recordar que aunque Chile reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano esencial, sus zonas rurales siguen experimentando interrupciones permanentes que vulneran este principio básico, del que el país es signatario a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Dichos estándares internacionales fueron incorporados en 2022 al marco legal a través de la reforma al Código de Aguas, que reconoció al agua potable como un "derecho humano esencial e irrenunciable". Sin embargo, la realidad en la provincia de Biobío evidencia la distancia entre norma y práctica: 13 de sus 14 comunas ya presentaban problemas de abastecimiento en 2024, en un contexto de déficit hídrico y de precipitaciones inferiores a los promedios históricos.

Los sistemas de Agua Potable Rural (APR) —que según cifras oficiales abastecen a casi 2,2 millones de beneficiarios en más de 2.300 sistemas rurales— dependen en un 83% de aguas subterráneas, precisamente las más vulnerables al cambio climático y a problemas de infraestructura. Lo anterior impacta profundamente en la seguridad hídrica y la capacidad de las comunidades de sobreponerse ante dificultades.

La respuesta implementada en San Carlos de Purén, consistente en el aumento del pozo instalado y en el compromiso de construir nueva infraestructura, representa un avance técnico significativo, pero también evidencia la naturaleza reactiva de la gestión hídrica. Se interviene tras el colapso y no antes de la crisis.

Las protestas ciudadanas en Ruta 5 Sur aceleraron esta respuesta institucional, lo que revela que la movilización social sigue siendo el catalizador más efectivo para materializar derechos constitucionalmente garantizados. Y también para captar la atención de las autoridades, que ya se encontraban trabajando en el diagnóstico de 190 sistemas de APR de la región.

Lo vivido en San Carlos de Purén, donde la dependencia de camiones y la paralización de las actividades cotidianas fueron totales, debiese encender alarmas respecto de una problemática que avanza y se agudiza año a año. Otorgar una mayor seguridad hídrica genuina en la provincia trasciende la perforación de pozos individuales y requiere de una inversión que, por ahora, parece llegar a gotas y sin mayor previsión.

La provincia de Biobío tiene la oportunidad de transformar la gestión reactiva en planificación anticipatoria y de convertir cada intervención exitosa en un modelo replicable. Ni el agua ni los derechos fundamentales admiten soluciones parciales.