Ley de permisos sectoriales: avances y desafíos

La aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocida como ley de "permisología", constituye un hito que fue analizado con diversidad de perspectivas durante el Encuentro Regional de Empresas (Erede) realizado ayer en Los Ángeles. En el panel de gremios y sectores productivos, ciertos consensos quedaron de manifiesto: se trata de una iniciativa necesaria que, naturalmente, abre nuevas reflexiones sobre el camino por recorrer.

Durante el diálogo, José Miguel Stegmeier de la Sociedad Agrícola del Biobío A.G. (Socabio) reconoció que se trata de un "primer paso fundamental" para reducir entre un 30% y 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos sectoriales, que abarcan 37 servicios y 16 ministerios.

Por su parte, Felipe Gallardo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera A.G.) calificó la ley como una "muy buena noticia" para enfrentar los desafíos de tramitación que complican el desarrollo de nueva infraestructura energética. En esa misma línea, Rodrigo Sepúlveda de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor) agregó que la reducción de plazos puede traducirse en mejores precios energéticos.

Rodrigo O'Ryan de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) fue aún más enfático al catalogarla como "fantástica", siempre y cuando permita superar la polarización que ha convertido los permisos en "armas" ideológicas.

A nivel nacional, las confederaciones han compartido el optimismo, sin dejar de identificar áreas susceptibles de perfeccionamiento futuro. Como planteó Rosario Navarro de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), existe "una importante tarea pendiente" en permisos ambientales y sectoriales específicos, como concesiones marítimas o autorizaciones ante Monumentos Nacionales.

Esta reflexión conecta con las inquietudes expresadas por Jorge Riesco de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), quien señala que la ley aborda eficientemente permisos sectoriales, mientras que los ambientales —que pueden extender proyectos mineros hasta 12 años— constituyen un desafío diferente que requiere aproximaciones específicas.

El mensaje desde Los Ángeles es sintético de estas visiones, en tanto que la ley representa un primer escalón hacia la modernización estatal, que necesita seguir perfeccionándose, sobre todo, si se busca consolidar el efecto deseado de la iniciativa: aumentar el PIB nacional en 2,4% en una década. Nuestra zona, con su potencial en recursos naturales, energías renovables y capacidad productiva, merece tanto como el resto del país un marco regulatorio que facilite el desarrollo económico sostenible.