Justicia sin fisuras

La destitución del fiscal Jorge Mena de Rancagua por sus vínculos con redes de narcotráfico es una nueva alerta respecto de una fisura que atraviesa el aparato judicial y que, por el momento, no ha alcanzado suficiente relevancia como para su tratamiento serio en el Poder Legislativo.

Este nuevo caso, cuyos antecedentes deberán ser evaluados en el fuero penal, resuena en la comuna de Los Ángeles, donde a fines de abril su entonces defensor jefe fue acusado de filtrar información sensible a su esposa, quien ejercía como abogada de una banda dedicada al narcotráfico. Ambos episodios demuestran que el ámbito de acción del crimen organizado ha cruzado el umbral institucional y amenaza la legitimidad misma del sistema de persecución y defensa.

Tanto los controles internos como las auditorías, concursos públicos y filtros éticos han fallado. Lo anterior fue confirmado hace más de un año por un reportaje de Ciper, que detalló cómo el exfiscal Jorge Mena burló, durante meses, los mecanismos de supervisión de la Fiscalía Regional de O’Higgins.

Un año después, el Congreso solo ha logrado despachar reformas parciales, que apenas han logrado prohibir que defensores públicos reciban pagos en efectivo por parte de narcotraficantes. Se ha atacado, aún de manera paliativa, la forma del delito y no su raíz institucional.

El Ministerio de Justicia presume reglas claras para reclutar a los defensores, a través de una Resolución 327 de 2024 que, a la luz de los nuevos antecedentes, parece haber quedado corta. Esta última no obliga, por ejemplo, a exámenes periódicos de conflictos de interés ni a la publicación de las agendas de reuniones, lo que podría permitir que el narcotráfico, con su organización y poder financiero, infiltre sus incentivos entre quienes deben acusar o proteger.

La situación no solo afecta al país: la propia Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas advirtió, en marzo pasado, que la falta de controles robustos es uno de los principales facilitadores para la captura de operadores jurídicos en América Latina.

El debate nacional, que ha mostrado breves momentos de apertura con cada caso, ha contemplado propuestas como mayores controles externos obligatorios, rotación de cargos sensibles, trazabilidad patrimonial y concursos blindados por comités independientes, con facultades reales de veto. Sin embargo, la profundidad del problema requiere que su tratamiento sea serio, especializado y en los salones de la esfera legislativa.

Lo ocurrido con Jorge Mena es grave. Si el aparato judicial pretende mantener su autoridad moral, debe revisar sus cimientos sin demora, corregir los controles que fallaron y demostrar que puede, y quiere, cerrarle la puerta al crimen organizado antes de que la cerradura se rompa definitivamente. En ese contexto, un gran aliado será el Congreso, que tiene una nueva oportunidad de actuar antes de que el tema se vuelva insostenible.