Permisología: el lastre que Biobío no puede seguir arrastrando

Los US$100 millones que la región del Biobío perdió en 2024 debido a retrasos en la tramitación de permisos ambientales no son solo una cifra fría en un informe académico. Representan hospitales que no se construyeron, caminos que no se pavimentaron, escuelas que no se modernizaron y, sobre todo, 5 mil 300 empleos que nunca se crearon.

El reciente "Índice de Costo Económico por Permisología" (ICEP), elaborado por la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), nos entrega una radiografía devastadora respecto de cómo la burocracia mal gestionada puede paralizar no solo la inversión productiva, sino también las aspiraciones legítimas de desarrollo regional.

Los datos son lapidarios. La inversión validada en el Biobío durante 2024 fue de apenas US$550 millones, un 48% por debajo del promedio histórico de los últimos 20 años. Mientras tanto, los estudios de impacto ambiental tardan mil 870 días en aprobarse en nuestra región, casi el doble del ya excesivo promedio nacional de mil días. Incluso las declaraciones de impacto ambiental, trámites supuestamente más simples, superan en más del 60% los tiempos históricos del país.

Esta lentitud no es casual ni inocua. Dos de cada tres proyectos regionales enfrentan retrasos significativos, convirtiendo la incertidumbre en regla y la planificación empresarial en un ejercicio de fe ciega. Un proyecto energético analizado en el estudio estuvo 500 días en tramitación, un 35% más que la media nacional para ese sector.

Biobío, con su vocación histórica industrial y productiva, hoy exhibe una baja participación en la inversión nacional. Y no por falta de iniciativas: actualmente hay más de US$2.400 millones en proyectos bajo evaluación, es decir, cuatro veces lo aprobado en 2024. El 75% de esta inversión corresponde al sector energético, precisamente el área donde más se necesita avanzar hacia la transición energética que el país demanda.

Como bien señala Alejandro Weber, decano de la USS, este no es un problema de un gobierno específico, sino una materia de Estado que requiere coordinación entre gremios, universidades, gobiernos regionales y autoridades centrales. La buena noticia es que se pueden lograr avances significativos mediante mejor gestión, liderazgo efectivo y coordinación entre organismos públicos, sin necesidad de reformas legales complejas.

Las voces del mundo privado y público que participaron en la presentación del estudio coinciden: urge agilizar procesos, entregar certezas reales a los inversionistas y recuperar la confianza perdida. El desarrollo sostenible no debe ser enemigo de la eficiencia administrativa, sino su mejor aliado estratégico.

Cada día que un proyecto viable permanece estancado por inercia administrativa representa una oportunidad perdida para el empleo local, la innovación tecnológica y el crecimiento regional sostenible. El Biobío no puede seguir pagando el precio de una permisología que, en su versión actual, se ha transformado en un freno institucional más que en una garantía de calidad.

Es hora de avanzar.