El 16 de mayo pasado se cumplieron tres años desde la instauración del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, territorio que incluye a las provincias de Biobío y Arauco, así como la Región de La Araucanía.
Se debe recordar que fue el 12 de octubre de 2021 -bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera (Q.E.P.D)- que se impuso por primera vez el estado de excepción de emergencia en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín.
La última renovación de ese estado de excepción se realizó el 11 de marzo de 2022, justo el día del cambio de mando donde asumió el Presidente Gabriel Boric. Luego de eso, la administración entrante decidió no perseverar en la medida, argumentando que la mejor manera de resolver los conflictos era "conversando". Por ello, la primera actividad oficial del gobierno en La Araucanía fue la visita de una comitiva liderada por la ministra del Interior de la época, Izkia Siches, a Temucuicui, la que fue abruptamente interrumpida por disparos al aire y quema de árboles que finalmente frenaron el recorrido.
El periodo posterior estuvo marcado por una seguidilla de graves atentados que llevaron a que el 16 de mayo de 2022 el gobierno de Gabriel Boric cambiara diametralmente su posición inicial y publicara el decreto que implantó nuevamente el estado de excepción constitucional de emergencia para el "resguardo de las rutas" de la Macrozona Sur por 15 días, en virtud de que "en reiteradas oportunidades" se ha "puesto en peligro la integridad física e incluso la vida de las y los trabajadores y las personas que hacen uso diario de (las) vías".
Así, la medida se ha mantenido vigente durante tres años, reduciendo significativamente los hechos de esta naturaleza en la macrozona sur, pero -tal como se ha observado a nivel provincial en los recientes ataques a la Central Rucalhue (20 de abril) y las faenas forestales de Mulchén (23 de mayo)- sin evitar del todo su ocurrencia.
Es sin duda preocupante que aquello que en su momento se planteó como "una medida extraordinaria", parece haberse convertido en el eje central sobre el cual muchas comunidades del sur de Chile han logrado encontrar algo de normalidad en su quehacer cotidiano. Por un lado, entonces, es imposible pensar en la posibilidad de levantar esta medida, pero -por otro- surge la necesidad de reforzar el trabajo para avanzar de forma más clara en la desarticulación de los grupos que, amparados en una causa, tanto daño y terror provocan en nuestro territorio.