Tráfico de influencias

Los recientes acontecimientos en torno al caso Sierra Bella han vuelto a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer en nuestro país los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública.

La investigación del Ministerio Público, que ha incluido allanamientos en el domicilio de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, busca esclarecer posibles irregularidades en la compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago en 2023. La operación, que generó sospechas por un posible sobreprecio, ya había sido cuestionada por la Contraloría General de la República. Ahora, el foco está puesto en determinar si hubo tráfico de influencias para facilitar o encubrir la transacción.

El tráfico de influencias, tipificado en la legislación chilena, es un delito que ocurre cuando una autoridad o funcionario utiliza su posición para intervenir en decisiones públicas en beneficio propio o de terceros. Esta práctica no solo socava la igualdad ante la ley, sino que también fomenta la corrupción, afectando la credibilidad del sistema democrático.

Cuando se instrumentalizan las relaciones de poder para favorecer intereses particulares en desmedro del bien común, la ciudadanía pierde la confianza en sus representantes. Cada escándalo de esta naturaleza refuerza la percepción de que la política está dominada por los coloquialmente denominados "arreglines", alejando a la sociedad de la participación cívica y debilitando el tejido institucional.

Más allá de lo jurídico, el tráfico de influencias tiene un impacto directo en el desarrollo de las sociedades modernas. En países donde esta práctica es común, se generan barreras a la inversión, se desincentiva la competencia justa y se afectan los servicios públicos. En el caso de Sierra Bella, el eventual uso indebido del poder no solo podría haber generado un perjuicio fiscal millonario, sino que también evidencia fallas en los mecanismos de supervisión y control de las compras municipales.

Chile ha avanzado en normativas de probidad y transparencia, pero estos casos dejan en evidencia la necesidad de reforzar las sanciones y los mecanismos de fiscalización. La Ley de Transparencia, la Ley de Lobby y la reciente Ley de Delitos Económicos son herramientas fundamentales, pero deben ir acompañadas de una cultura de integridad dentro de las instituciones públicas.

El desenlace de esta investigación será clave no solo para determinar responsabilidades individuales, sino también para enviar un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción, entendiendo que no se trata de un problema abstracto, sino una amenaza real para la transparencia y el desarrollo del país. Solo con instituciones sólidas, ciudadanos informados y una justicia implacable frente a los abusos de poder podremos avanzar hacia una democracia más representativa.