Desafíos de la migración en Chile

Chile ha experimentado un aumento sostenido de su población migrante, alcanzando casi dos millones de personas extranjeras residentes habituales en 2023 (alrededor del 10% de la población total en el país), según la reciente estimación del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este fenómeno, que ha transformado el panorama demográfico del país, plantea desafíos que trascienden las cifras y se insertan en un contexto histórico donde el aislamiento geográfico había limitado la migración masiva en el pasado. 

El crecimiento de la población migrante en Chile, liderado por ciudadanos de Venezuela, Perú y Colombia, refleja dinámicas globales de desplazamiento forzado, búsqueda de oportunidades económicas y reagrupación familiar. Sin embargo, la rapidez de este cambio demográfico ha puesto a prueba la capacidad del país para adaptarse, especialmente en áreas críticas como la integración social, el acceso a servicios básicos y la regularización migratoria. 

Uno de los mayores retos es la inclusión efectiva de la población migrante en el sistema educativo, el mercado laboral y los servicios de salud. Los datos indican que 15,8% de los migrantes son niños, niñas y adolescentes, lo que demanda un enfoque prioritario en la garantía de sus derechos. Si bien la incorporación del registro de matrícula básica y media para estudiantes extranjeros sin RUN en la Estimación 2023 es un avance, sigue siendo relevante asegurar su acceso a educación sin discriminación. 

El mercado laboral también enfrenta desafíos parecidos. La mayoría de los migrantes se concentra en el rango etario de 30 a 39 años, un grupo potencialmente activo en términos económicos. Sin embargo, la inserción laboral suele estar marcada por condiciones de precariedad y desprotección, lo que no solo afecta la calidad de vida de los migrantes, sino que también limita su contribución plena al desarrollo económico del país. 

La situación de irregularidad de un 17,6% de la población migrante estimada añade otra situación de complejidad. Aunque herramientas como el empadronamiento biométrico han mejorado la captura de datos, se necesita una estrategia integral que permita regularizar su situación de manera efectiva. La irregularidad no solo dificulta el acceso a derechos básicos, sino que también los expone a mayores riesgos de explotación laboral y exclusión social. 

Además, la concentración geográfica de los migrantes en la Región Metropolitana, Antofagasta y Valparaíso evidencia desigualdades en la distribución de recursos ya que obliga a las autoridades a diseñar políticas descentralizadas que promuevan la integración y eviten tensiones sociales en comunidades receptoras. 

Chile tiene la oportunidad de aprender de experiencias internacionales para abordar estos desafíos. La migración no debe ser vista como un problema, sino como una oportunidad para enriquecer la diversidad cultural y potenciar el desarrollo. Sin embargo, lograr esto requiere un esfuerzo coordinado entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, orientado a la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. 

Enfrentar el aumento de la población migrante con visión y planificación será fundamental para convertir este fenómeno en un motor de desarrollo y cohesión social. Como país, estamos ante un desafío histórico que demanda políticas públicas sólidas, voluntad política y un compromiso ético con quienes han decidido hacer de Chile su nuevo hogar.