Hacia el 2025

El 2024 ha sido un año completo, con múltiples desafíos y cambios significativos para Chile, marcado por eventos trágicos y una creciente tensión social. Desde los devastadores megaincendios en la Región de Valparaíso, que resultaron en la pérdida de 136 vidas, hasta la conmoción por la muerte del ex Presidente Sebastián Piñera en un accidente aéreo, el país ha enfrentado situaciones que han puesto a prueba su capacidad de resiliencia y unidad. Estos hechos no solo han dejado una huella profunda en la sociedad chilena, sino que también han revelado deficiencias en la gestión pública y la necesidad de una respuesta más efectiva ante desastres naturales, como los que han afectado a la zona en años anteriores.

A lo largo del 2024, se ha incrementado la sensación de inseguridad por el aumento de la violencia, gatillado por la delincuencia y el crimen organizado. Los homicidios con un uso inusual de armas de fuego han dejado a la ciudadanía perpleja, evidenciando un problema que requiere atención urgente. La crisis de confianza en las instituciones se ha visto exacerbada por escándalos de corrupción, como el caso "Audios", que ha sacudido los cimientos del Poder Judicial y ha llevado a destituciones de miembros de la Corte Suprema.

En el ámbito económico, el informe del PNUD sobre desarrollo humano ha señalado que, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, persisten importantes deudas sociales. La ciudadanía continúa demandando mejoras en salud pública, pensiones y una reducción efectiva de las desigualdades económicas. Este contexto resalta la necesidad de cambios de la mano de grandes acuerdos (dificultados por la excesiva atomización de los partidos políticos) que sea capaz de asumir semejante desafío, siendo capaz de responder a las necesidades ciudadanas y de generar desarrollo económico.

Mirando hacia el futuro, el 2025 se presenta como un punto crucial para Chile. Uno de los principales desafíos será abordar la crisis de confianza en las instituciones. Es imperativo que el gobierno y el Congreso sean capaces de consensuar reformas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas. La participación ciudadana debe ser incentivada para asegurar que las decisiones políticas reflejen verdaderamente las necesidades de la población. Es necesario reformar el sistema judicial para restaurar la confianza pública. Esto incluye revisar los procesos de nombramiento y garantizar una mayor independencia judicial. Se debe trabajar en políticas que aborden la desigualdad económica y social. Esto implica no solo mejorar los servicios públicos como salud y educación, sino también implementar políticas fiscales más justas.

Chile debe avanzar hacia un modelo económico más sostenible. La transición hacia energías renovables y prácticas agrícolas responsables es esencial para mitigar los efectos del cambio climático y proteger los recursos naturales. La creciente ola de violencia requiere una respuesta integral que incluya el reforzamiento de medidas policiales como programas sociales destinados a prevenir el crimen. También el 2025 estará cruzado por las elecciones presidenciales que marcarán la pauta de la opinión pública durante todo el año, lo que sin duda que definirá los destinos del país en la segunda mitad de esta década.

En conclusión, mientras Chile cierra un año lleno de dificultades y aprendizajes, se enfrenta a retos significativos que definirán su rumbo en 2025. La capacidad del país para adaptarse y responder a estas demandas será crucial para construir una mejor sociedad.