Caso Audios

El escándalo por el Caso Audio, en que destaca el rol del influyente abogado Luis Hermosilla, que fue formalizado y enviado a prisión preventiva por los delitos de soborno y lavado de activos, revela cómo se tejen las trenzas del poder que corroen la confianza en las instituciones y, en definitiva, socavan los cimientos mismos de la democracia.

Esta trama de corrupción también genera un comprensible clima de escepticismo y desafección entre los ciudadanos, quienes ven cómo los valores fundamentales de justicia e igualdad ante la ley se vuelven a desdibujar frente a los intereses de unos pocos.

Las redes de poder no son una novedad en la historia, pero su persistencia en el siglo XXI, especialmente en democracias consolidadas, es preocupante. Estas redes, formadas por individuos que ostentan influencias en el ámbito político, económico y social, se blindan mutuamente para obtener beneficios, muchas veces ilícitos, evadiendo la justicia, defraudando al Estado y manipulando el sistema en su favor. Cuando aquellos encargados de defender la legalidad y la equidad se ven involucrados en prácticas corruptas, la democracia sufre un golpe profundo. La percepción de que la justicia es accesible solo para quienes tienen poder y dinero deslegitima el sistema democrático y mina la cohesión social.

Para frenar estas prácticas, es esencial implementar medidas que vayan más allá de la simple persecución penal. Es que el caso Audios o Hermosilla abre la puerta para fortalecer las instituciones a través de una vigilancia rigurosa y continua, asegurando que los mecanismos de control interno sean verdaderamente independientes y eficaces. La transparencia debe ser un pilar fundamental: las decisiones y actuaciones de funcionarios y autoridades deben estar sujetas a un escrutinio constante, con mecanismos que permitan la participación activa de la ciudadanía en la fiscalización del poder.

Un aspecto relevante es el fomento de una cultura ética en el sector público y privado, donde el respeto a la ley y la integridad no sean simplemente valores abstractos, sino principios que guíen cada acción. Esto implica también educar a las nuevas generaciones en la importancia de la transparencia y la responsabilidad, creando conciencia sobre los efectos devastadores de la corrupción.

El Caso Audio debe ser un punto de inflexión, una oportunidad para que la sociedad chilena exija un cambio profundo en la forma en que se ejerce el poder. La democracia solo puede florecer en un entorno donde la justicia sea imparcial y los ciudadanos confíen en que las instituciones trabajan para el bien común, no para el beneficio de unos pocos. Es momento de construir un sistema más robusto, transparente y justo, que cierre las puertas a las redes de poder y devuelva a la ciudadanía la confianza en sus instituciones.