Casinos ilegales

Los casinos ilegales pululan en Los Ángeles y otras ciudades hace demasiado tiempo. Están situados principalmente en locales del radio céntrico, aunque también están en zonas más residenciales. Sin embargo, aunque se han realizado distintos operativos, incluido el cierre de sus puertas con la colocación de sellos, igualmente vuelven a operar.

Sus promotores aseguran que se trata de juego de destrezas, la cuales sí pueden funcionar de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país. Sin embargo, es cuestión de detenerse un par de minutos en cualquiera de las máquinas de esos establecimientos y comprobar que tienen las mismas características de los equipos que funcionan en los casinos legales y establecidos.

En nuestro país, desde el 2005 rige la Ley N°19.995, modificada por la Ley N° 20.856, que fijó las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego. Se establecieron normas respecto del número de recintos de esas características en el territorio nacional, el tiempo de las concesiones, sus condiciones de operación e incluso acciones para enfrentar a quienes sufren de ludopatía.

Lo más interesante es que la norma consideró un tributo de carácter local. El 30% de los ingresos brutos se destinan en partes iguales al Gobierno Regional y al Municipio en donde se emplaza el casino de juegos. El uso de esos recursos está circunscrito solo a obras concretas, como plazas, calles o luminarias (está prohibido destinarlo a pago de sueldos o al financiamiento de estudios).

Todo lo descrito en la ley sobre casinos de juegos sencillamente no se cumple con los casinos populares que, dicho sea de paso, no tienen ningún registro legal de sus ingresos ni de sus apostadores. No tienen patente municipal, por lo que no pagan impuestos ni mucho menos tributan en la zona donde operan. Es una gran caja negra que debe aclararse en una investigación que debe ser seria y llegar al fono de los responsables.

En los últimos años, el municipio de Los Ángeles, a través de su Dirección de Seguridad, cerró estos locales por no tener patente de funcionamiento y le severas aplicó multas. Sin embargo, al par de días volvían a operar. Al parecer, sus dueños preferían pagar las multas, aunque fueran onerosas, y seguir funcionando, pese a incumplir.

Por eso, son importantes las acciones que se están solicitado de parte de la casa edilicia para hacer frente a esta ilegalidad, en específico, para que la Fiscalía retome las investigaciones en torno a los casinos populares. El propio alcalde pidió la incautación de las máquinas y su retiro de los locales, tal cual como ha ocurrido en otras comunas del país.

El jefe comunal pidió también los avances en la denuncia presentada por la casa edilicia, luego que los propietarios de los casinos populares en la zona destruyeran los sellos instalados tras la clausura de los locales dedicados a esta actividad.

Es importante avanzar en esta materia, habida consideración que se trata de una actividad no es legal y que parece realizarse en la más completa impunidad, en un negocio cuya transparencia es, a lo cuestionable y que, por añadidura, no aporta en nada a la comuna. De una buena vez se debe poner el cascabel al gato.