Libertad de prensa en Latinoamérica

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó el anuncio del cierre definitivo de el Periódico de Guatemala, calificando el hecho de "un retroceso para la democracia" en ese país.

La organización denunció la continuación del acoso judicial contra periodistas, que derivó en el cierre definitivo de este medio de comunicación, que cesa hoy sus funciones.

Recordemos que, el pasado 18 de noviembre dejó de circular en formato impreso, luego del arresto el 29 de julio de su presidente y fundador, José Rubén Zamora, acusado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos. Según el medio, pese a continuar la labor periodística e intentar mantener a los anunciantes y las suscripciones, "la situación es insostenible" y "nos vemos obligados a detener la edición diaria de elPeriódico", cuya "última edición será publicada el lunes 15 de mayo".

"Nuestro equipo resistió 287 días de persecución, presiones políticas y económicas. Los embates no cesaron. Hasta el momento cuatro abogados han sido detenidos, dos todavía guardan prisión preventiva, seis periodistas y tres columnistas están siendo investigados", mientras que Zamora ha acumulado cuatro casos penales en su contra, explicó elPeriódico.

Una delegación internacional de la SIP visitó Guatemala en diciembre. Luego de visitar a Zamora en la cárcel, presenciar una jornada en tribunales y mantener reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los derechos humanos, concluyó que "la debilidad en el funcionamiento de las instituciones se expresa en la falta de independencia de los poderes públicos".

Sin duda una situación que preocupa en Latinoamérica donde la crisis de institucionalidad está derivando en faltas graves a la libertad de expresión, y daño a labor periodística independiente.

Otro caso que está en la retina de la SIP, es lo que sucede en Perú, donde a través de un proyecto de ley se busca aumentar las penas para los delitos de difamación y calumnia es un serio retroceso para la libertad de prensa, el libre ejercicio del periodismo y el derecho del público a la información.

El Congreso podría aprobar la próxima semana el proyecto de ley 2862, conocido como "ley mordaza". Este incrementa las sanciones de cárcel por delitos de difamación y calumnia a cinco años y las multas a entre 90 y 120 días cuando se trate de la utilización de medios de comunicación, redes sociales y sitios web en contra de funcionarios públicos. También impone indemnización económica a favor de la víctima. La semana pasada el Congreso aprobó la iniciativa legal en primera votación.

Sin duda, una crisis a la libertad de los medios de comunicación, que afecta a dos países de Latinoamericana, de la cual no podemos estar ajenos y observantes, de cara a la redacción de una nueva carta magna, que en principio, refuerce el valor del respeto y la institucionalidad del país, y por otro lado, resguarde la libertad de prensa, como un bien, de un Estado democrático.