Casa propia

El nuevo informe inmobiliario del Área de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles arrojó un dato francamente preocupante: la oferta de viviendas disponibles en la capital provincial se redujo en un 40%.

Cuando desde el propio Gobierno se afirma que el país está viviendo una crisis habitacional por la falta de más de 500 mil viviendas para enfrentar el déficit en esta materia, el antecedente deja de manifiesto que cada vez se hace más difícil para las familias acceder a un hogar. En consecuencia, a muchas personas no les queda más alternativa que vivir de allegados o en condiciones de hacinamiento. En los casos más extremos, surgen los campamentos precarios, es decir, construcciones improvisadas, inseguras y sin ningún tipo de servicio básico (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica).

La caída en la oferta viene aparejada de una baja de los permisos de edificación para viviendas, lo que hace prever que el número de unidades disponibles para el mercado seguirá disminuyendo. Como dato, en 2021 solo se ingresó una solicitud para construir departamentos, mientras que en 2022 no hubo requerimientos de este tipo, lo que contrasta con los años anteriores en los cuales se mostraba mayor actividad.

Los especialistas del rubro explican que las consecuencias económicas de la pandemia, que empujaron a un aumento de la inflación, obligaron a encarecer el acceso al crédito, lo que se traduce en que se reduce el número de potenciales compradores que estén dispuestos a endeudarse de esta manera para comprar una vivienda.

En cuanto a ventas, el número se condice con la menor oferta. Mientras en 2021 se vendieron o entregaron alrededor de 1.800 viviendas en Los Ángeles, en 2022 la cifra solo llegó a mil, es decir, fue un 45 inferior.

Si en el país el déficit de viviendas se sitúa en torno a las 500 mil unidades, en la comuna de Los Angeles esa cifra llega a las cinco mil viviendas (el 1% del total nacional).

Además, cuando hay una caída en los empleos en el rubro inmobiliario por el menor dinamismo de la construcción, esto termina repercutiendo de manera negativa en las tasas de desocupación que tienen a elevarse.

Aunque el Ejecutivo se ha comprometido a la entrega de 260 mil viviendas sociales durante su mandato hasta el 2025 (la cifra que supera, por ejemplo, las 222 mil viviendas del plan de reconstrucción del 27F).

El esfuerzo debe ser mayor y solo el trabajo mancomunado de las autoridades con las empresas del sector inmobiliario, de tal manera de ser capaces de contar con soluciones creativas y eficaces para dar respuesta a esa creciente inquietud de cientos de miles de familias que, hasta la fecha, no tienen ninguna otra opción que conformarse con seguir esperando. De lo contrario, se corre el riesgo de estar incubando un creciente descontento que se exprese en acciones de protesta más decididas y más violentas, de quienes presionan por hacer posible el sueño de la casa propia, en la toma por la fuerza de las viviendas que están por entregarse. Algunos síntomas se observan en la capital, por lo que no existe otro camino u otra alternativa para responder a una necesidad que día a día es más acuciante.