Indultos

El rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos para intentar revertir los indultos presidenciales de siete personas, incluido el ex frentista Jorge Mateluna, añade un nuevo capítulo a la teleserie que se inició a fines de diciembre.

Los magistrados, ocho en total, rechazaron los requerimientos de inconstitucionalidad a través de distintas votaciones. Al cabo, se trató de un pequeño triunfo de La Moneda, después se sumar varias jornadas con saldo final en contra.

Los indultos – especialmente sobre los favorecidos y las razones para otorgarles tal beneficio - se produjeron en un momento particularmente complejo en materia de seguridad pública por el incremento y gravedad de los delitos.

El anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric el 30 de diciembre del año pasado se produjo justo cuando su ministra del Interior, Carolina Tohá, afinaba los detalles de la negociación entre el oficialismo y la oposición de una agenda en materia de seguridad. La decisión de liberar a los 12 condenados por delitos durante el estallido social y al ex frentista Ariel Mateluna fue cuestionada por distintos sectores por el momento, las justificaciones del mandatario y la falta de prolijidad en el proceso. La posibilidad de un acuerdo nacional quedó sepultado desde aquel momento.

Además, entre otros coletazos, le costó la salida del gabinete a la politóloga Marcela Ríos, quien detentaba el cargo de ministra de Justicia, siendo reemplazada por el abogado Luis Cordero. También renunció del jefe de Gabinete de Boric, Matías Meza, uno de los principales hombres de confianza del mandatario y quien habría tenido un rol papel importante en otorgar ese beneficio. El propio Presidente explicó la salida de Ríos “debido a que hubo desprolijidades” en la ejecución del proceso.

En suma, la decisión del Jefe de Estado tuvo un costo para el Ejecutivo que nadie fue capaz de dimensionar en toda su magnitud, al punto que aún es parte de la agenda pública casi tres meses después de haberse anunciado la medida.

Sin embargo, el tema de fondo – más allá del impacto coyuntural en las esferas políticas – debe centrarse en la conveniencia, utilidad o sentido de justicia para continuar con la aplicación de la herramienta de los indultos.

Aunque en las últimas administraciones presidenciales se ha ido dejando de lado (durante la Presidencia de Patricio Aylwin se otorgaron cerca de 900 indultos), lo cierto es que sigue siendo la representación de una institución decimonónica que más parece un resabio de la época de los señores feudales que podían conceder o no la gracia del beneficio.

Bien podría analizarse, lejos del fragor de la lucha partidista circunstancial, una modificación profunda de la medida que, más apuntar a su eliminación (hay que considerar que razones humanitarias en casos puntuales), entregue tal potestad a una instancia colegiada, debidamente normada, que considere la activa participación de los tres poderes del Estado. De esta manera, la decisión no está radicada en la decisión presidencial sino que un organismo que tomará tales determinaciones sobre la base de elementos objetivos, tomando en cuenta siempre el bien común de la ciudadanía. Haberlo hecho antes habría ahorrado muchos dolores de cabeza a las autoridades del actual gobierno.