Electromovilidad

Dicen que la electromovilidad es el futuro. La necesidad de tener alternativas sustentables a los combustibles fósiles para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera (y así frenar el avance del cambio climático), hizo mirar con más atención que nunca a estas a alternativas que entrega la tecnología.

Lo importante es que ya ha habido algunos pasos importantes en ese sentido. Gracias a la Ley que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad, los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables quedan libres del pago de los permisos de circulación en los próximos dos años. El sentido de la medida es obvia: impulsar el uso de vehículos con menos emisiones contaminantes.

Desde el Gobierno Regional del Biobío, se anunció la inyección de 4 mil millones de pesos para que, a fines de este año, se cuente con alrededor de 200 taxis colectivos eléctricos que se integrarán a la red de transporte público. Se trata de un plan piloto que incluirá a las comunas de Concepción, Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Penco, Los Ángeles y Lebu, aunque la intención es que se amplíe a otras comunas. Se ha anunciado que pronto podría haber novedades en esa misma línea para los taxibuses, tal cual como ya sucede con algunas máquinas de la línea RED en Santiago.

Son noticias positivas que, sin duda, apuntan a genera incentivos especiales para el recambio tecnológico y empuja hacia la democratización de la electromovilidad en nuestro país que, por cierto, se caracteriza por producir electricidad desde fuentes renovables.

Sin embargo, aumentar la oferta y disponibilidad de estos vehículos impone un desafío mayor: habilitar un ecosistema que responda a las necesidades y exigencias de esta nueva tecnología. Son varios los factores, uno de ellos son los puntos de carga pública, que son conocidos como electrolineras.

Para muestra, un botón. En nuestra provincia de Biobío, solo se cuenta con tres puntos de esas características y solo uno de ellos está en el radio urbano de la ciudad de Los Angeles. Los otros dos se sitúan en la Ruta Cinco Sur, en el sector de Duqueco y cerca de los Saltos del Laja.

El punto es que la infraestructura de cargadores eléctricos en el país crece a una menor tasa que las ventas de vehículos enchufables en el país. En los últimos tres años, este segmento de vehículos ha crecido 3,7 veces, mientas que la oferta de carga pública ha crecido 1,93 veces. Actualmente existen 759 cargadores públicos a nivel nacional y 469 de ellos están concentrados en la Región Metropolitana.

Por otro lado, no se debe olvidar un aspecto también muy importante: formación y certificar técnicos que diagnostiquen, mantengan y reparen los vehículos eléctricos.

La exención del pago del permiso de circulación es un gran paso, pero se abren a la vez muchos retos. Hay una oportunidad única de generar un cambio tecnológico y se necesita que todos los actores de la industria de la movilidad eléctrica trabajen para hacer posible que más personas tengan acceso a este futuro que se avecina a pasos agigantados.