Muerte de un carabinero

Nuevamente carabineros se estremece por el asesinato de uno de sus funcionarios. Esta fue vez la víctima fue el cabo primero Álex Salazar (37 años), quien fue atropellado intencionalmente en la madrugada del domingo durante un procedimiento policial en el centro de Concepción, Región del Biobío.

Fue en el marco de la fiscalización a una botillería que operaba fuera de horario en el sector Barrio Estación, cuando el policía fue embestido por un vehículo conducido por un ciudadano venezolano. El cabo Salazar sufrió una fractura de cráneo que lo dejó en riesgo vital. Durante la mañana del martes, el efectivo de Carabineros dejaba de existir, sumiendo a su familia en el dolor y provocando un nuevo cuestionamiento sobre la urgencia de otorgar más atribuciones a los policías para defenderse frente al incremento de la violencia.

Recién en octubre del año pasado, la institución lamentó la muerte del sargento segundo, Carlos Retamal, fallecido tras ser agredido -de manera brutal- con un fierro cuando fiscalizaba carreras clandestinas en San Antonio, región de Valparaíso.

En junio de 2022, el cabo segundo David Florido fue por un impacto de bala, mientras realizaba un operativo realizado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, región Metropolitana. El uniformado y su compañero de servicio llegaron a una barbería, después de recibir información telefónica que unos hombres portaban armas de alto poder de fuego dentro del local.

La serie de asesinatos reaviva el debate en torno a la necesidad que los efectivos cuenten con el apoyo legal y las herramientas adecuadas y suficientes para defenderse de mejor manera frente una delincuencia que actúa con extrema violencia.

Se indica que los funcionarios policiales no se sienten respaldados, ni siquiera para usar sus armas de servicio en caso de defensa propia, debido a las amenazas de ser sometidos a sumarios internos y a investigaciones del Ministerio Público por el eventual uso excesivo de la fuerza.

También advierten la desigual capacidad de respuesta en recursos y armamento frente a las bandas delictuales que en los últimos años han hecho gala de un alto poder de fuego que, incluso, puede ser muy superior al policial. Los antisociales no miden consecuencias ni trepidan en usar sus armas, sin ningún tipo de consideración para sus víctimas, mucho menos para los efectivos policiales que les pueden hacer frente

A las autoridades de Gobierno del Presidente Boric le pesa su época en que fustigaron duramente el rol de la policía uniformada, particularmente por lo ocurrido durante el “Estallido Social”, llegando a plantearse la alternativa de refundar la institución policial.

Las instituciones encargadas del resguardo de la seguridad y el orden público necesitan sentirse respaldadas y validadas por el poder civil, más aún cuando la delincuencia asociada al narcotráfico parece imponer su violencia en decenas de villas y poblaciones a lo largo del país. La seguridad de la población depende de contar con policías profesionales que tengan los respaldos proporcionados por la institucionalidad para acometer con su labor de manera efectiva.