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Editorial

Renuncia


 Por La Tribuna

Las razones pueden ser muy entendibles. Sin embargo, cuando se asume un cargo de representación popular, cualquiera sea éste (Presidente, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde, concejal), viene implícito el deber moral de cumplir con la función de la mejor manera posible durante el tiempo que corresponde. No se puede esperar más pero tampoco menos que eso.

Sin embargo, se ha hecho demasiado habitual que se incumpla con la premisa de efectuar esta labor durante el periodo en que la ciudadanía les otorgó semejante privilegio.

Se ha hecho demasiado habitual que legisladores renuncian a sus funciones para asumir otros cargos o funciones distintas. Desdeñan de aquellos electores que le entregaron la confianza del voto para representarlos en la instancia correspondiente y, simplemente, renuncian para asumir otras labores.

Fue en 2009 cuando la actual ministra de Interior, Carolina Tohá, renunció a su cargo como diputada por el distrito 22 (Santiago Centro) para asumir un cargo ministerial durante la administración de Michelle Bachelet. Fue reemplazada por Felipe Harboe, designado por su colectividad para seguir en la Cámara Baja. De ahí se haría común que legisladores renunciaban para asumir cargo en el gobierno de turno.

Algunos ejemplos más cercanos y recientes tienen como protagonistas a quienes fueron nuestros representantes. Fue justamente el mismo Harboe quien años más tarde y ya como senador en representación de la provincia de Biobío (además de Ñuble y Arauco), también comunicó su decisión de dejar el cargo en la Cámara Alta para postularse como convencional constituyente. Lo mismo ocurriría con el otro senador por la zona, Víctor Pérez, quien dejó esa función para asumir como ministro del Interior durante la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera (duraría poco más de tres meses en el cargo).

Lo sucedido el martes pasado con la renuncia de Luis Medel al cargo de concejal de la comuna de Los Ángeles es la demostración que continúa aplicándose aquella mala práctica en la actividad política que, por cierto, en nada contribuye a prestigiarla.

Desde el momento en que se decide postularse a un cargo de elección popular, se debe tener la voluntad – en caso de tener el respaldo de la ciudadanía – para cumplir la totalidad del mandato, salvo – por ejemplo – algún comprensible tema de salud o de fuerza mayor. De lo contrario, se está haciendo caso omiso a ese deber que se inició cuando se fue electo.

La ciudadanía necesita señales ciertas que los políticos sí cumplirán con el mandato que se les asignó desde el mismo momento en que fueron electos. Cada persona que decide iniciarse en ese camino, debe tener claro de qué se trata el cargo que pretende y cuáles las obligaciones y responsabilidades que pone sobre sus hombros cuando asume formalmente su labor.

De alguna forma, con este tipo de renuncias se está torciendo la voluntad popular que se expresa en las urnas a través del voto, poniendo una cuota más de cuestionamiento a una actividad que debe asumir con todo lo que significa, con lo bueno y con lo malo. Si aquello no es entendido, lo mejor es apartarse del camino a tiempo y dejarlo a quienes sí están dispuestos a asumir tal responsabilidad.  


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