Prescindencia

Estamos ad portas de uno de las decisiones políticas más importantes de las últimas décadas, incluso más relevante que la elección de un Presidente de la República. En el plebiscito de salida, fijado para el próximo 4 de septiembre, la ciudadanía deberá dirimir si se aprueba o se rechaza el texto elaborado por la Convención Constitucional.

A diferencia de los procesos electorales recientes en que el sufragio era voluntario, ahora el voto tendrá carácter de obligatorio, por lo que se espera un aumento considerable en el número de electores que concurran a sufragar a los recintos de votación.

Estos 40 días que restan para la realización de citado referéndum, sin lugar a dudas que estarán caracterizados por la polarización política y la exacerbación de los estados de ánimo entre los representantes de las dos opciones en disputa. Apruebo o rechazo son expresiones que hemos escuchado y que se multiplicarán hasta el hartazgo en las semanas que vienen hasta el mismo día de la votación.

En este ambiente de profunda crispación, el Gobierno está realizando una campaña de cobertura nacional para dar a conocer el texto constitucional. A través de los medios de comunicación tradicionales, plataformas digitales y de innumerables salidas a terreno, las autoridades del Ejecutivo se han desplegado para exponer sobre el proceso que dio origen a su redacción y han entregado copias del documento que será plebiscitado

Sin embargo, aunque efectivamente han evitado entregar una referencia u opinión explícita sobre si están de acuerdo o no con el texto en cuestión, debido a los dictámenes y resoluciones de la Contraloría General de la República que obligan a una prescindencia del Gobierno en procesos de elecciones y plebiscitos, efectivamente se ha notado una inusual desmesura de los personeros de gobierno en cumplir con esta premisa, rayando en el intervencionismo electoral en función de una de las alternativas en disputa.

No es muy misterio que las autoridades del actual Gobierno fueron decisivos impulsores de la Convención Constitucional, desde el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, que firmó por cuenta propia el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019 que propició la creación de dicha instancia deliberativa. Muchos de los integrantes de la Convención, los mismos que dominaron en la toma de decisiones para cada una de las normas que ahora serán plebiscitadas, son militantes o, en último caso, simpatizantes del pacto oficialista.

Es evidente que el rol del Ejecutivo no se ha circunscrito solo a cumplir con la misión de exhortar a la ciudadanía para que se informe y participe masivamente en el plebiscito de salida. Ha estado al borde de lo que debiera ser razonable en términos de campaña.

El Gobierno, tal como dice un viejo pero sabio refrán, no solo debe ser sino que también parecer que su labor será impecable desde el punto de vista de prescindencia en el proceso electoral en ciernes.

En un ambiente crispado en que parece que prima la desmesura y el exceso, Gobierno debe dar el ejemplo y actual en consecuencia, para dar garantías que se limitará a cumplir con su rol y no dar la impresión que está validando una de las dos opciones en disputa.