Tras casi un mes de
protestas y demandas sociales, parece haber un consenso sobre la necesidad de
reformar o escribir desde cero la Constitución Política de Chile. Al menos gran
parte del espectro político, salvo la UDI y el Partido Republicano, está por
esa vía, independientemente de la fórmula para realizarla no concita el mismo
consenso.
Allí es donde
aparece el gran temor que tiene a los manifestantes individuales y grupos
sociales en alerta: la letra chica. Válidamente se preguntan si el nuevo texto
no poseerá alguna trampa que echará por tierra todo lo ganado y que
cristalizará la normalidad que en la calle se luchó por terminar. Pregunta más
que atingente.
El mal pensar alcanza para ver intereses creados en todas partes. Desde quienes redacten la nueva Constitución hasta quienes coordinen el o los plebiscitos que la acompañen... todos son vistos como potenciales enemigos que buscarán influir en el proceso. Es el miedo a la cultura que se instaló en el país desde el inicio de la dictadura, según el cual todo contrato, ley o mandato tiene en su interior algún acápite que terminar por perjudicar a los ciudadanos comunes. La paranoia no ha nacido de la nada y, por lo mismo, se debe atender y buscar los mecanismos para poder realizar el proceso de la forma más participativa y transparente posible. Quizás los procesos constituyentes tradicionales no alcancen y sea necesario buscar nuevas fórmulas para poner frente a los ojos de todos el proceso mediante el cual se llegará a la Carta Fundamental. Sesiones transmitidas vía streaming, un lugar donde revisar cada avance, cada discurso, las biografías e intereses de quienes formen la instancia que se defina para redactar la Constitución, etcétera todas son formas de acercar el proceso a la gente y contribuir a la legitimidad del documento. Nada menos que eso.