¿Burbuja inmobiliaria?

Deben existir pocos

conceptos que generen más temor entre los economistas que la llamada burbuja

inmobiliaria y, en específico, el recuerdo de lo que ocurrió en 2006 en Estados

Unidos, que desembocó en una crisis financiera global en 2008, y que significó

una de las más grandes afrentas al modelo neoliberal. Un mercado que se

regulaba solo estuvo a punto de hacer colapsar a varios países -España, por

ejemplo- y tuvo por el suelo a las más grandes bolsas mundiales. En un rubro

que se maneja en gran parte por las previsiones y los supuestos, el terror

bursátil jugó también un papel en la caída.

Los economistas se

apresuran a decir que en Chile las condiciones no son similares a las

registradas en la segunda mitad de la década del 2000 en el gigante del norte.

Y tienen razón, específicamente en la parte de las barreras de entrada a los

créditos. Lo que hizo caer rápido a los bancos norteamericanos fue que

ofrecieron créditos hipotecarios a personas que no tenían buenos registros

comerciales y cuando éstos dejaron de pagarlos generaron una crisis de liquidez

a las instituciones financieras y el consiguiente desplome. En el país se

corrigió rápidamente y los créditos de los bancos se tornaron más exclusivos,

con altas barreras de sueldo y montos de pie. Así, los bancos buscaron asegurar

el pago de los instrumentos.

Hoy, con las tasas

de interés en mínimos históricos, los entendidos dicen que es el mejor momento

para invertir en un bien raíz. Sin embargo, ¿quiénes tienen acceso a esos

hogares? Solamente quienes tienen los ingresos para obtener un crédito o los

empresarios inversionistas que pueden costear un nuevo inmueble sobre la base

de los que ya poseen. El resto se obliga a arrendar. Y así se genera un

incentivo a las constructoras para seguir haciendo inmuebles -igualmente el déficit

de unidades es masivo- pero estos solo llegan a intermediarios que no los

utilizarán para vivir sino para generar dinero.

La burbuja, si es

que la hay, no afecta todavía a los bancos ni a las constructoras sino a

quienes no califican para una compra y deben arrendar por el momento.

Ni decir que el incentivo para las inmobiliarias a seguir construyendo

para percibir los créditos frescos amenaza al desarrollo de las ciudades y al

medioambiente ante la falta de planes reguladores minuciosos.