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La Tribuna

La violencia, el terrorismo y la falta de culpables: una misión de los tres poderes del Estado

por Leslia Jorquera

Aquí no se necesita de un gobierno, sino de una política de Estado que permita de una vez por todas, encontrar un consenso para que los pueblos sean reconocidos, para que los empresarios puedan hacer su trabajo y para que la justicia marque todo el rigor de la ley con quienes actúan con violencia para imponerse en la opinión pública.

Los hechos de violencia que se viven cada cierto tiempo en el sur de nuestro país y de los cuales nuestra propia provincia de Biobío ha sido víctima, no han podido detenerse.

Menos aún, los responsables de estos incidentes, no están tras las rejas o no existen sanciones al respecto.

Todos han fallado, los gobiernos, los parlamentarios con su legislación ambigua y el poder judicial, que no ha sido capaz de detener la puerta giratoria y encabezar investigaciones eficientes.

Mientras eso pasa, los crímenes, las muertes de personas y animales siguen quedando impunes.

El 11 de marzo, asumirán nuevas autoridades que heredarán nuevamente el Caso Luchsinger, que cumple más de 5 años sin justicia, donde todo ha fallado y donde los fiscales, tribunales, policías, han provocado una desconfianza total en la ciudanía en la forma en que se llevan a cabo los procesos.

Hoy todo está cuestionado.

Falta que los representantes de los tres poderes del Estado, ordenen la casa y comiencen a elaborar un plan de trabajo serio y responsable, con metas a corto, mediano y largo plazo, que terminen con la violencia desmedida en el país.

Tal como señaló el Papa Francisco en su visita oficial a Temuco, sólo trabajando unidos se podrá reconocer la bondad de los demás y actuar para que no sigamos atacándonos entre compatriotas, independientes si son o no de los pueblos originarios.

“La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa”, fueron las palabras del sumo pontífice y aunque usted no comparta el catolicismo, tienen toda la razón.

Aquí no se necesita de un gobierno, sino de una política de Estado que permita de una vez por todas, encontrar un consenso para que los pueblos sean reconocidos, para que los empresarios puedan hacer su trabajo y para que la justicia marque todo el rigor de la ley con quienes actúan con violencia para imponerse en la opinión pública.

La forma en que lo hagan, depende de las autoridades, pero es hora de ver voluntad política y social de actuar frente al tema y no sólo discursos.

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