Planta de plomo ¿era una necesidad para el desarrollo económico sustentable de la provincia?

Los últimos días, Diario La Tribuna, puso en la opinión pública los detalles de la planta de residuos plomados que se pretendía instalar en la ciudad de Los Ángeles, la que hoy está suspendida indefinidamente, tras la presión ciudadana frente al proyecto, el cual terminó en una reunión con el alcalde Esteban Krause, que sepultó de manera indeterminada la iniciativa.

Sin embargo, el tema partió el pasado 21 de mayo, cuando informamos en este mismo medio que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Recimet al SEA, fue rechazado por el organismo, al indicar que este proyecto tenía falencias en temas como “riesgos a la salud de la población” y “efectos adversos en los recursos naturales, específicamente del suelo”.

Tras esto, La Tribuna trabajó arduamente semanas recogiendo antecedentes de científicos informados en la materia y para informar de manera correcta y detallada, sobre el alto riesgo que representa este tipo de industrias para una provincia que se desarrolla en distintas materias, especialmente, aquellas que se pueden ver afectadas ante una eventual contaminación por plomo.

La experiencia internacional y nacional frente al tema, son claras muestras que las plantas de reciclaje de material plomado, carecen de la confianza ciudadana, porque tal como ha ocurrido en Calama y San Antonio, no han tenido un funcionamiento que proporcione seguridad a la población y sus trabajadores.

En México, por ejemplo, según un informe de la Asociación Ecológica Santo Tomás, las empresas estadounidenses detuvieron su reciclaje de baterías, debido a los daños a la salud, que se generaron producto de la contaminación proveniente del plomo.

Es sabido que la regulación de las industrias en materia medioambiental en nuestro país es muy deficiente, pero más allá de eso, causa cierta inquietud en la ciudadanía, que teniendo cerca de dos años el proyecto en carpeta, ninguna autoridad, ni los diputados o senadores de la provincia de Biobío, plantearon públicamente esta situación o alzaron la voz para manifestar los riesgos que podía traer. Recién el día de ayer, antes del anuncio del alcalde de Los Ángeles, la voz de alerta la puso la diputada Karla Rubilar, electa por el distrito 17 que comprende las comunas de Renca, Conchalí y Huechuraba en la Región Metropolitana, quien solicitó se oficie al ministro de Medio Ambiente, al superintendente del ramo y al director del Servicio de Evaluación Ambiental frente a la planta que se requiere instalar.

La provincia de Biobío, vive de la agricultura, del turismo en los Saltos del Laja y cientos de personas dependen de estas fuentes laborales ¿es necesario ponerlas en riesgo de esta manera?