Gremio empresarial advierte que cambios al pago a 30 días afectarían la liquidez de las pymes

La Asociación de Empresas del Biobío, ASEM, encendió las alertas por los efectos de las modificaciones a la Ley de Pago a 30 Días aprobadas en el Congreso. Según el gremio, la reforma solo ataca una parte del problema y deja fuera el mayor dolor de las pymes: los largos plazos para poder emitir una factura.

ASEM reúne a 250 pequeñas y medianas empresas de distintos sectores productivos de la zona centro sur del país, que en conjunto generan más de 3.500 empleos directos.

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"El problema empieza antes de la factura"

Para ASEM Biobío, centrar la discusión solo en eliminar los pactos de plazos excepcionales de pago es insuficiente.

El problema, detallan, ocurre en la etapa previa. Muchas pymes deben esperar semanas para que sus clientes o grandes empresas validen los trabajos, bienes o servicios entregados. Durante ese tiempo la empresa ya asumió costos de remuneraciones, insumos, proveedores e impuestos, pero no puede iniciar el cobro.

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Financian a sus propios clientes

Humberto Miguel  fue enfático: "En la práctica, muchas pymes terminan financiando a sus propios clientes. Cumplen con el trabajo, asumen todos los costos y luego deben esperar una serie de autorizaciones internas para recién poder facturar".

Esta demora, agregó, afecta directamente la capacidad de las empresas para cumplir compromisos, invertir, contratar y crecer.

La situación es crítica en el Biobío. En la región existen más de 89 mil micro y pequeñas empresas, que generan cerca del 50% del empleo regional y aportan el 17% del Producto Interno Bruto local. De ellas, casi un 60% depende de contratos con el Estado o grandes empresas, donde esta práctica está más extendida.

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La propuesta de ASEM al Ejecutivo

Ante el anuncio del Ejecutivo de aplicar reserva de constitucionalidad y evaluar un veto, ASEM llamó a aprovechar el análisis técnico para "apretar donde efectivamente le duele a las Pymes".

El gremio propone que cualquier regulación efectiva debe hacerse cargo también de los tiempos previos a la factura.

Para ASEM, evitar que los procedimientos administrativos de las empresas compradoras posterguen la emisión de facturas es clave para no seguir trasladando la carga financiera a los proveedores de menor tamaño.

Desde ASEM Biobío reiteraron que seguirán trabajando para que las decisiones estratégicas del país incorporen la mirada de las pymes y promuevan mejores condiciones para su productividad y desarrollo.