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La propuesta del Ejecutivo se sustenta en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero y marzo de este año, que alcanzó un 1,4%. Bajo este criterio, el ajuste apunta a una actualización por inflación, evitando incrementos que puedan tensionar el mercado laboral.
Desde el Gobierno explicaron que el objetivo central del proyecto es evitar que los salarios pierdan capacidad de compra frente al alza del costo de la vida. Sin embargo, el diseño del reajuste también incorpora una mirada preventiva sobre el impacto en las empresas, especialmente en las de menor tamaño.
El documento ingresado al Congreso advierte que más del 70% de los trabajadores que perciben el ingreso mínimo se desempeñan en micro, pequeñas y medianas empresas, segmento que —según el Ejecutivo— podría verse más afectado por aumentos bruscos en los costos laborales.
En ese contexto, se optó por un alza acotada, alineada con la inflación reciente, en lugar de un incremento de mayor magnitud.
La iniciativa también establece valores diferenciados para otros grupos. En el caso de trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, el ingreso mínimo subiría a $407.711. En tanto, el ingreso mínimo para fines no remuneracionales alcanzaría los $352.298.
Adicionalmente, el proyecto contempla un nuevo reajuste a partir del 1 de enero de 2027, el cual se calculará en base a la variación del IPC acumulada entre abril y diciembre de 2026.
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