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Este sistema, que busca suavizar las variaciones en el precio de los combustibles para proteger a los consumidores, obliga al Estado a subsidiar cuando los valores suben con fuerza, reduciendo además, la recaudación por impuesto específico.
En un escenario de estrechez fiscal y precios del crudo elevados por factores geopolíticos, el Gobierno evalúa modificarlo para hacerlo más sostenible, aunque esto implica el riesgo de traspasar alzas más rápidas y directas al bolsillo de las familias.
En este contexto, desde el gremio del transporte escolar en Los Ángeles, mostraron su preocupación señalando que si bien no pueden ajustar las tarifas al mismo ritmo en que sube el valor del combustible, el alza en el cobro por el servicio es considerada inevitable.
Luisa Barría, presidenta del gremio del transporte escolar de Los Ángeles, señaló que el combustible es el principal costo que enfrentan a diario y que el Mepco les ayuda a evitar alzas desmedidas.
"Nosotros también sentimos el impacto cuando los precios suben semana a semana, dado que no podemos ajustar nuestras tarifas al mismo ritmo. No podemos estar subiendo constantemente los precios a nuestros clientes, que son niños y sus familias. Entendemos que esta situación afecta a todos, por lo que terminamos absorbiendo esos aumentos, reduciendo aún más un margen de operación que ya es bastante limitado", aseveró.
Barría añadió que, por el contrario, cuando los precios de la bencina bajan, esto no se refleja de inmediato, lo que —según explicó— dificulta recuperar las pérdidas acumuladas en meses anteriores.
"Los transportistas escolares no somos grandes empresas; somos trabajadores independientes que ofrecemos un servicio esencial", indicó.
Los transportistas escolares insisten en que les preocupa la posibilidad de reducir o eliminar el Mepco. Sin embargo, reconocen que este mecanismo implica un costo para el Estado, aunque para ellos representa estabilidad.
Sin este instrumento —advierten— quedarían mucho más expuestos a fuertes alzas en el precio del combustible.
"Es importante que la gente entienda que cuando sube el combustible, no solo nos afecta a nosotros como transportistas escolares, sino a toda la economía. Si el Mepco se reduce o elimina, esos aumentos se sentirán más rápido, impactando directamente en el costo de vida de las familias", recalcó Barría.
Desde el gremio del transporte de carga por carretera también observan con preocupación una eventual modificación o eliminación del Mepco. Estiman que, de concretarse, las tarifas de flete podrían aumentar en torno a un 20%.
Los camioneros de la zona centro-sur señalan que comprenden que el Gobierno enfrenta restricciones de recursos para sostener este fondo, cuyo objetivo es evitar que el alza del combustible se traspase directamente al consumo, afectando la logística y el abastecimiento del país.
"Esto es algo extremadamente grave y, sin duda, el precio va a subir. La pregunta es cuánto subirá, dependiendo de la propuesta que presente el Gobierno", indicó el presidente del gremio, Fredy Martínez.
El dirigente fue más allá y planteó la necesidad de revisar a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), particularmente su estructura de costos.
Según Martínez, al tratarse de una empresa estatal, podría existir ineficiencia en su operación, lo que eventualmente incidiría en el precio final de los combustibles.
"Creo que ese es un punto de mediano plazo que debe revisarse de una vez por todas, para hacer más eficiente a ENAP. Las refinerías no están entre las mejores y creemos que es necesario auditar y evaluar su funcionamiento, porque eso podría incidir en una baja en el precio del combustible", afirmó.
Martínez añadió que el petróleo representa cerca del 45% de los costos directos de un servicio de flete. "Si esto subiera de forma lineal, sin ningún mecanismo de ayuda, el alza podría llegar a entre 350 y 400 pesos, lo que nos obligaría a volver a valores similares a los de 2022: cerca de 1.400 pesos en la zona centro y hasta 1.500 pesos en Magallanes y Aysén. Eso es insostenible", advirtió.
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