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La Federación Nacional de Trabajadores Municipales aceleró en las últimas semanas los trámites para constituir "Nuestra AFP", una administradora de propiedad colectiva que busca ingresar al mercado previsional chileno antes de que la reforma endurezca los requisitos de capital en 2027.
El proyecto, que ya fue presentado formalmente ante la Superintendencia de Pensiones en diciembre, contempla que los trabajadores sean dueños del 40% de la propiedad, participen en el directorio y reciban el 30% de las utilidades.
En entrevista con radio San Cristóbal, el vocero de la iniciativa Fabián Caballero, señaló que si se obtiene el visto bueno regulatorio en los próximos meses, podría comenzar a operar a fines de 2026.
Según explican sus impulsores, la nueva administradora no surge como una reacción directa a la última reforma previsional, sino desde una mirada crítica hacia el modelo actual.
Caballero sostiene que el sistema sigue sin cumplir estándares de solidaridad y distribución en la etapa de jubilación.
Por eso, aseguraron, que "en vez de seguir enfrentándolo desde afuera, decidieron entrar al mercado previsional con una propuesta distinta: una AFP donde los trabajadores sean dueños, participen del gobierno corporativo y reciban parte de las utilidades".
La iniciativa comenzó a tomar forma a mediados de 2025, tras meses de trabajo con equipos de asesores económicos, legales y tecnológicos, señalaron.
Uno de los hitos clave fue la reunión sostenida en diciembre con la Superintendencia de Pensiones, encabezada por el superintendente Osvaldo Macías, instancia en la que se abordó formalmente la constitución de una AFP de propiedad de trabajadores.
En ese encuentro también participaron dirigentes sindicales y asesores del proyecto, indicó el vocero, al afirmar que "el proyecto está prácticamente terminado" y que esperan ingresar formalmente la solicitud ante el regulador dentro de los próximos meses, antes que entren en vigencia las nuevas exigencias regulatorias de 2027, que elevan el capital requerido para crear una AFP.
Actualmente, este requisito ronda las 5.000 UF, mientras que la futura normativa podría elevarlo a 50.000 UF. Por eso, el objetivo es tramitar la autorización bajo la normativa vigente, indicaron los impulsores de la iniciativa.
Si la Superintendencia aprueba el proyecto, el proceso de instalación podría tardar entre 9 y 12 meses, lo que permitiría iniciar operaciones hacia fines de 2026.
El modelo contempla varios elementos que buscan diferenciarse de las administradoras actuales, entre ellos tener un directorio de cinco integrantes, con presencia sindical; un 40% de la propiedad reservada para trabajadores, una comisión proyectada como la más baja del mercado y una devolución del 30% de utilidades a afiliados.
Para financiar la puesta en marcha, el proyecto contempla alianzas con pequeños y medianos inversionistas privados que, según sus impulsores, comparten el enfoque social de la iniciativa.
El modelo también contempla una operación altamente digitalizada, con plataformas web y servicios móviles como eje principal, manteniendo presencia física en cuatro macrozonas del país, tal como exige la normativa.
La apuesta apunta a reducir costos operacionales y trasladar ese ahorro a menores comisiones para los afiliados.
La iniciativa surge en un contexto donde la industria previsional vuelve a moverse, ya que la reforma abrió la puerta a nuevos actores, incluyendo cooperativas, fintechs, cajas de compensación e incluso exejecutivos del sector.
Desde la organización recalcan que el proyecto solo será viable si logra respaldo masivo de los trabajadores.
La apuesta, dicen, es que por primera vez en más de cuatro décadas exista una AFP construida desde la identidad de los propios afiliados.
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