El anuncio de un inminente recorte presupuestario, que el futuro gobierno de José Antonio Kast proyecta implementar a partir de 2026, ha instalado un debate transversal en el ámbito económico y político, especialmente por el impacto que esta medida podría tener en el funcionamiento del Estado y en la provisión de servicios públicos.
La discusión se produce en un contexto de creciente endeudamiento fiscal, escenario que, según distintos análisis técnicos, obliga a revisar con mayor detención los márgenes reales de ajuste y la viabilidad de una reducción significativa del gasto.
En ese marco, el economista Andrés Ulloa, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián (USS) sede Concepción, analizó en entrevista con La Tribuna los alcances de esta eventual política fiscal y apuntó tanto a sus limitaciones estructurales como a la necesidad de avanzar hacia una mayor eficiencia en el uso de los recursos estatales.
Desde su perspectiva, el desafío no se limita a disminuir cifras globales, sino a comprender cómo y dónde se están utilizando los fondos públicos.
PRESIÓN FISCAL Y DEUDA PÚBLICA
Uno de los principales factores que empujan la discusión sobre un ajuste presupuestario es el nivel de endeudamiento que ha alcanzado el país. Según explicó Ulloa, la deuda pública chilena se sitúa actualmente en torno al 43% del producto interno bruto (PIB), cifra que, si bien no configura un escenario crítico en términos comparados, sí marca una señal de alerta para la política fiscal.
De acuerdo con el economista, este porcentaje se aproxima a un umbral que Chile no debiera sobrepasar si se busca resguardar la sostenibilidad financiera del Estado, lo que obliga a contener el gasto y a evitar que el endeudamiento continúe aumentando en los próximos años.
Según comentó el especialista, el principal obstáculo no es solo financiero, sino también normativo, lo que convierte al ajuste en una medida inevitable, aunque compleja de ejecutar.
El experto advirtió que el debate no puede centrarse solo en el corto plazo, ya que una parte relevante del gasto público está comprometida por normativas y políticas acumuladas durante décadas, lo que reduce de forma considerable el margen de acción de cualquier gobierno entrante.
LÍMITES REALES DEL AJUSTE
Uno de los puntos centrales planteados por Ulloa es que gran parte del presupuesto nacional está condicionada por disposiciones legales, lo que reduce de manera significativa el margen para aplicar recortes efectivos.
El economista explicó que el presupuesto anual del país bordea los US$90.000 millones, lo que deja un margen limitado para realizar ajustes relevantes.
Sin embargo, incluso dentro de ese margen, Ulloa advirtió que no resulta viable aplicar disminuciones de gran magnitud sin generar efectos directos en el funcionamiento del Estado y en la entrega de servicios.
COSTOS POLÍTICOS E INEFICIENCIAS DEL GASTO
A las restricciones técnicas se suma un componente político relevante. El economista sostuvo que muchas de las iniciativas que podrían ser revisadas cuentan con respaldo legal y político, lo que obliga a enfrentar procesos de negociación complejos para cualquier modificación de fondo.
En este contexto, Ulloa sostuvo que las falencias en el uso de recursos públicos no siempre se explican por prácticas irregulares, sino también por problemas en la forma en que se diseñan y ejecutan determinadas iniciativas.
PLAZOS DEL AJUSTE
Respecto del calendario de aplicación, Ulloa indicó que, pese a las cifras mencionadas durante la campaña presidencial, la estructura presupuestaria hace improbable que los cambios se materialicen en el corto plazo.
El experto añadió que, aunque un nuevo gobierno podría intentar racionalizar dotaciones, también requerirá incorporar equipos de confianza, lo que desplaza los ajustes hacia el mediano plazo.
Experto califica la medida como "positiva"
En su reflexión final, Ulloa planteó que el escenario de ajuste fiscal puede transformarse en una oportunidad para revisar la gestión pública y avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos del Estado.
El economista concluyó que avanzar en mayor eficiencia requerirá discutir cambios en el estatuto administrativo y en los tipos de contrato, resguardando el rol del Estado en la provisión de servicios esenciales.
Propuesta de recorte planteada por Kast en campaña
Durante un debate televisivo emitido por Canal 13 en octubre de 2025, José Antonio Kast expuso los lineamientos de su propuesta para reducir el presupuesto nacional, planteando un recorte total de US$ 6.000 millones.
Según explicó en esa instancia, la mitad del ajuste, equivalente a US$ 3.000 millones, se obtendría mediante eficiencias y recortes al interior de la administración pública, mientras que el monto restante provendría de cambios normativos, lo que implicaría la tramitación de nuevas leyes o modificaciones legislativas para concretar la reducción.