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Propiedad de terreno enfrenta a familia con empresa que construye central hidroeléctrica

El conflicto escaló a tal punto que hace un par de semanas, un grupo de trabajadores y parte de los integrantes del grupo familiar se trenzaron a golpes dejando varios heridos, contusos y acusaciones recíprocas sobre la responsabilidad de los hechos. Ambas partes dicen ser dueños del terreno.


 Por Juvenal Rivera

13-2, incidente

Un predio de poco más de 15 hectáreas situado a orillas del río Biobío, a unos cuatro kilómetros al poniente de la localidad de San Carlos de Purén, está enfrentando a una familia con la empresa Energía Llaima, que lleva adelante la construcción de la central Frontera.

El conflicto está concentrado en el terreno donde está contemplado el emplazamiento de la sala de máquinas, lugar donde estarán las turbinas generadoras de energía eléctrica.

La polémica ha escalado a tal punto que ambas partes se hacen recíprocas acusaciones de golpes, agresiones y lesiones, además de recriminaciones mutuas en torno al origen y responsabilidad de la disputa.

El día más álgido se produjo el 12 de agosto pasado, cuando un grupo de operarios se trenzó a golpes con parte de los integrantes del grupo familiar, episodio que sucedió incluso con la presencia de efectivos de Carabineros.

Juan Becerra es el dueño de casa. Él está casado con Jimena Álvarez García, quien figura como propietaria del terreno situado en el sector San José de Biobío. Ahí viven cuatro familias, todos emparentados entre sí que suman un total de 13 personas, entre niños y adultos.

Según su relato, su mujer tiene la propiedad del predio desde 1976 cuando fueron asignadas las parcelas a los campesinos de la zona, en el marco del proceso de la Reforma Agraria.

Sin embargo, de acuerdo a su testimonio, en los últimos años comenzaron a ser hostigados por la empresa Llaima a raíz de la construcción de la central hidroeléctrica Frontera, que proyecta usar la fuerza de las aguas del Biobío para producir energía eléctrica.

Aunque en algún momento le ofrecieron comprarles la propiedad o cambiarlo por un terreno de las mismas características, finalmente desecharon esas alternativas ya que no les eran convenientes. Es que, explicó el hombre, no se trata solo que sea el lugar donde viven las cuatro familias sino que también es la fuente de sus ingresos gracias a la buena calidad del suelo para la agricultura.

INCIDENTE

En los hechos del pasado 12 de agosto, Becerra aseguró que los incidentes se iniciaron cuando un grupo de operarios ingresó a su predio y rompió los cercos y candados. Aunque ellos salieron a enfrentarlos, afirmó que fueron superados en número y las emprendieron en contra de ellos con herramientas, palos y fierros. El saldo final fueron tres de los integrantes del grupo familiar heridos, lo que motivó la denuncia por agresiones en el retén de Carabineros de San Carlos de Purén y la constatación de lesiones en el hospital.

El hombre aseguró también que la pelea se produjo en presencia de los funcionarios policiales que acompañaron a los trabajadores, sin que procuraran evitar el conflicto.

Juan Becerra insistió en que la propiedad del terreno de la polémica no está en discusión y que llevaron el tema a la justicia donde esperan la ratificación de los títulos de dominio.

EMPRESA

Alejandro Donoso, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Energía Llaima, empresa responsable del proyecto eléctrico, tiene una visión diametralmente opuesta.

A través de una declaración, aseguró que “central Frontera desmiente tajantemente los hechos denunciados por la familia Carrasco Álvarez y el señor Juan Becerra de la zona de San José del Biobío”.

De acuerdo a sus palabras, “estas personas tergiversan los hechos y frente a esto, rechazamos la violencia y amenazas que han venido sufriendo nuestros trabajadores y contratistas desde el año 2017, los cuales han quedado debidamente denunciados ante Carabineros”.

Respecto de la propiedad del terreno de la polémica, aseveró que en el entorno se están habilitando caminos interiores que “son de propiedad de Inversiones La Frontera Sur, propietaria del proyecto, los cuales están debidamente inscritos, como consta en los registros del Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles”.

Insistió en que “no aceptaremos la violencia y la explotación ilegal que se realiza en predios de nuestra propiedad, los cuales van en desmedro de los propios vecinos de la comunidad de San José, como por ejemplo, cobrar el acceso al río para actividades de recreación, instalando un portón para impedir el paso de los vecinos”.

Concluyó asegurando que “estamos analizando las acciones legales correspondientes, con el objetivo de proteger a los trabajadores de nuestra empresa y sus familias”.

CENTRAL FRONTERA

La central Frontera, que se situará entre las comunas de Mulchén y Los Ángeles, es una de las últimas grandes centrales hidroeléctricas que se construirá sobre el río Biobío después de la ejecución de las plantas Pangue, Ralco, Palmucho y Angostura que se levantaron desde la década de los 90 hasta la fecha.

Al igual que Frontera, también está pronta a iniciar su construcción la central Rucalhue, que se emplazará entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco.

En este caso, el proyecto Frontera tiene los permisos ambientales desde el 12 de febrero del 2016 y una inversión que llega a los 300 millones de dólares.

De acuerdo a la presentación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se informó que la construcción y operación de una central empleará el sistema run-of-river que implica un área menor de inundación. Es decir, no embalsará las aguas en una gran represa sino que, básicamente, encauzará el caudal del río Biobío para mover las turbinas que estarán dentro del mismo curso fluvial.

La energía generada se entregará al Sistema Interconectado Central (SIC) mediante una línea de alta tensión que se conectará con una subestación a la línea existente de Charrúa – Temuco.

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