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Masacre de Laja-San Rosendo: Justicia condena a carabineros en retiro luego de 47 años de la matanza

El homicidio múltiple ocurrido en el mes de septiembre del año 1973, donde 19 personas fueron asesinadas tiene, luego de casi medio siglo, un fallo que no sólo dictó sentencia a los responsables sino que además condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $2.580.000.000.


 Por La Tribuna

6.1

Los procesos judiciales referentes a las violaciones a los Derechos Humanos en Chile siempre han tenido una lentitud que ha marcado las vidas de todos quienes buscan justicia y consuelo luego de haber perdido familiares y amigos durante el periodo más doloroso de los últimos 50 años. Y en la provincia del Biobío, que ha sufrido de terribles acontecimientos en los que se les ha quitado la vida a miles de personas, el asesinato múltiple ocurrido en las Fiestas Patrias del año 73 es quizá una de las más terribles, y que por algo es conocida con el nombre de la “Masacre de Laja San Rosendo”.

HISTORIA

Los hechos ocurrieron entre los días 13 y 17 de septiembre del año 1973, donde 19 personas fueron detenidas en las localidades de Laja y San Rosendo. Todos eran hombres, dos de ellos menores de edad, que en ese momento cursaban la enseñanza media. En el grupo había dos profesores y el resto trabajaba tanto en Ferrocarriles como en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). Durante los primeros días de detención varios de ellos fueron visitados por sus familiares, quienes llegaron hasta la Subcomisaría de Carabineros de Laja. Sin embargo en el día 18, cuando en algunas partes de Chile se celebraban las Fiestas Patrias, se realizó la matanza que determinó para siempre que sus familiares jamás volverían a verlos.

Reconstitución de escena

Inicialmente se les dijo a sus parientes y amigos que los hombres habían sido llevados hasta el Regimiento de Los Ángeles, pero eso no era cierto. Cuando iban de trayecto por la Ruta Q-90, a la altura del Puente Perales, la comitiva ingresó por un camino lateral y se internó unos 500 metros en dirección al sur, en el denominado Fundo San Juan de la comuna de Yumbel. Ahí fueron llevados por personal de Carabineros de la Tenencia de Laja, quienes portaban fusiles y carabinas. Luego, tal como señala el fallo judicial, “los bajaron del vehículo obligándolos a colocarse en el suelo, tendidos uno al lado del otro, boca abajo y amarrados de manos, procediendo los funcionarios policiales a ubicarse detrás de ellos, momento en que el oficial a cargo se colocó a un costado y premunido de su revólver, dio la orden de dispararles, la cual fue cumplida por los carabineros presentes, posicionados en la línea de disparar, impactando con las balas los cuerpos de los detenidos, produciéndole lesiones que le causaron la muerte”.

Lo que vino después es un hecho que hasta el día de hoy conmociona por su crudeza, ya que una vez ejecutado el crimen, los mismos funcionarios policiales, fueron quienes cavaron la fosa donde arrojaron los cuerpos, para volver a la Tenencia de Laja, donde juraron un pacto de silencio que sólo fue roto 38 años después por el cabo Samuel Vidal Riquelme, quien confesó los hechos.

Además, en un hecho inédito, que marcó el que este caso fuera el primero en la historia post dictatorial donde se pudo demostrar la participación de civiles en las violaciones y crímenes, pues  fueron funcionarios de la CMPC quienes le entregaron a Carabineros la cal con que trataron de ocultar los restos.

Algunos de los acusados durante la reconstitución de escena

También se supo que durante esa noche los funcionarios policiales habían bebido pisco en exceso, el que también les fue proporcionado por la papelera. Por este motivo fue que muchos años más tarde, en 2018, se procesó a personal de la empresa del Grupo Matte, tres jefes y un chofer, encabezados por Peter Wilkens, agricultor, por ser cómplices de los homicidios. Ellos, Pedro Jarpa, Carlos Ferrer, Lionel Aguilera y Rodolfo Román, tuvieron participación en la matanza ya que fueron los encargados de proporcionar la cal de la empresa para cubrir los cuerpos, así como también los automóviles con que se realizó la masacre, al mismo tiempo que fueron quienes señalaron a los 19 fallecidos para que fueran detenidos.

EL FALLO, 47 AÑOS DESPUÉS

Casi medio siglo más tarde de la matanza, durante el pasado martes, el ministro Carlos Aldana condenó a nueve carabineros en retiro por los delitos de homicidio calificado de los 19 hombres. Y dentro de la sentencia lo que más llamó la atención, por la dureza del fallo, fue la pena para Alberto Juan Fernández Michell, teniente (r) de Carabineros, quien fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”, el que participó como oficial a cargo de la Tenencia de Laja ese día y además fue sindicado como el responsable de dar las órdenes que venían desde Los Ángeles. Precisamente fue Fernández Michel la persona que ordenó y participó en cada una de las detenciones y que, además, estuvo en la ejecución ocurrida en el Fundo San Juan. Por estos hechos fue procesado como autor de homicidio calificado de las 19 personas y condenado a la pena de presidio perpetuo.

Además se condenó a Gerson Nilo Saavedra Reinike, a Pedro del Carmen Parra Utreras, a Víctor Manuel Campos Dávila y a Nelson Casanova Salgado, todos a la pena efectiva de cinco años y un día de presidio, como autores de los delitos de homicidio calificado de las mismas 19 víctimas. Y también fue condenado Anselmo del Carmen San Martín Navarrete a la pena efectiva de cinco años y un día de presidio, como encubridor.

Finaliza el grupo de condenados José Jacinto Otárola Sanhueza, Mario Sebastián Montoya Burgos y Manuel Enrique Cerda Robledo, quienes por su calidad de encubridores recibieron penas de 5 años de presidio, y se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Durante este proceso fueron absueltos el funcionario policial René Luis Alberto Urrutia Elgueta, por su presunta participación como autor en el delito de inhumación ilegal en el mes de octubre. Y también se absolvió a Pedro Luis Jarpa Foerster, de la acusación en su contra, por la presunta responsabilidad en calidad de cómplice de los delitos de homicidio calificado de siete personas.

“CASTIGO SIGNIFICATIVO”

Emilio Araneda, hijo de Luis Araneda, uno de los trabajadores de Ferrocarriles asesinados el 18 de septiembre, y perteneciente a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Laja, conversó con La Tribuna respecto del fallo y señaló que, “desde la agrupación podemos decir que no tenemos una conformidad considerando que el castigo es muy significativo, respecto del teniente que ordenó la matanza, sin embargo respecto de los demás participantes materiales de Carabineros sus penas son sustancialmente más bajas”. Además, habló sobre la participación que tuvieron los civiles en este sangriento episodio y dijo sentirse dolido porque: “la CMPC haya provisto de alcohol (a los carabineros) previo a que fuera la caravana hasta el sitio de la muerte de ellos, alcohol que consumieron de manera abundante según los propios testimonios entregados por la policía después del hallazgo inicial de los cuerpos durante los primeros días de octubre, y que la CMPC diera cal para cubrir el lugar en que habían hecho esta inhumación ilegal, y no solamente eso sino, que su cínica acción por cuanto siendo trabajadores de la CMPC algunos de ellos entre septiembre y diciembre de ese año les enviaron a sus hogares los finiquitos por ausencia laboral”.

Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes y Ruth del Carmen Medina Neira, esposa de Luis quien hoy día tiene 87 años.

La periodista Patricia Acuña, hija de Juan Acuña, también trabajador de Ferrocarriles, consultada por el fallo comentó en conversación telefónica durante la tarde de ayer con diario La Tribuna que “lo importante es que finalmente después de tantos años, de tanta lucha, de tanto tocar puertas, y luego de 3 reconstituciones de escena donde tocó ver cómo ellos fueron masacrados y ejecutados a sangre fría”, señaló. Además reflexionó con cierta tranquilidad luego de tantos años ya que, como dijo, “nosotros dentro de todo el dolor por lo menos con esto con esta sentencia, aunque sea ejecutoriada, yo creo que nos hace cerrar el ciclo, y yo creo que ellos (los fallecidos) además por fin están descansando en paz”. También tuvo un recuerdo de Luis, su padre, y confesó que después de tanto sufrimiento algo quedó de ellos gracias a que pudieron tener un futuro de todas formas. Al respecto comenta: “estudié gracias a la beca Rettig, y mi papá siempre en sus discursos como dirigente del Partido Socialista en San Rosendo hablaba de que quería alimentación, educación gratuita, salud gratuita para la gente, y por las paradojas de la vida es que él perdió la suya y yo pude estudiar gracias a la beca por ser hija de un ejecutado político”.

Juan Antonio Acuña Concha, otro de los asesinados, junto a su esposa Rosa Barriga Pérez, ambos padres de Patricia.

EL LEGADO POSTERIOR A LA MASACRE

No es cosa nueva que luego de tanto dolor hay personas que logran hacer de su tristeza una lucha. Precisamente de la Masacre de Laja – San Rosendo nació la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Laja. Este grupo ha existido desde el año 1973, e inicialmente la conformaron las madres de las víctimas y las hermanas de las víctimas, y con el paso del tiempo han tomado un rol importante las hijas e hijos de los asesinados. En un informe del Museo de la memoria se puede recoger un testimonio que ilustra un poco de esta historia, cuando se reproducen las palabras de Hilda Espinoza, quien señaló en una entrevista del 2013, que “lo de Laja fue justo después de la huelga. Las coordinadoras éramos jóvenes y con energía, pero era difícil acompañar a las compañeras de Laja y San Rosendo, a reconocer los cadáveres. Fuimos creando una coraza que nos endureció”.

Años más tarde, desde otro frente de acción, Teresa Arredondo y Carlos Vásquez Méndez realizaron el documental Las Cruces, que está inspirado en la historia de Laja – San Rosendo y que, desde el registro documental, revisita los hechos ocurridos en el 73 y trae nuevamente a la discusión la memoria y el relato de aquellos que perdieron la vida. 

Rodaje del documental Las Cruces

Teresa Arredondo conversó con La Tribuna y comentó, respecto de cómo llegó a conectarse con la historia de los 19 muertos de Biobío, que “la historia conocimos por un reportaje que se publicó hace muchos años, y en este reportaje ya se incluían las confesiones como parte de la carpeta judicial, y estaban las confesiones de los policías. Lo que nos motivó particularmente en este caso fue que por primera vez veíamos un punto de vista del victimario, es decir, conocíamos los testimonios y las confesiones directamente por parte de los policías”. Además señaló que “me llamó mucho la atención que era un caso en el cual estaba por primera vez se conocía que había participación de civiles durante la dictadura, en este caso de la CMPC, de que participaron dando alcohol, facilitando automóviles, etcétera, entonces pensamos que en Chile no se ha hablado lo suficiente de la participación de civiles en la dictadura, y nos pareció muy necesario hacerlo”. Y finaliza diciendo que “no se ha hablado mucho no solamente en el cine, sino que no se habla de esto en general”.

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