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La actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Los Ángeles dio un nuevo paso con la publicación en Mercado Público de la licitación para contratar el estudio que permitirá modificar el principal instrumento de planificación urbana de la comuna, vigente desde hace casi dos décadas.
La iniciativa considera una inversión total de $424.454.000, financiada íntegramente por el Gobierno Regional del Biobío, y busca responder a los desafíos que enfrenta la ciudad producto de su crecimiento territorial, la congestión vehicular, los mayores tiempos de desplazamiento y la presión sobre la infraestructura y los suelos agrícolas.
Así lo explicó Mauricio Carrasco, asesor urbanista de la Municipalidad de Los Ángeles, quien en entrevista con diario La Tribuna señaló que el proceso contempla procedimientos establecidos por la normativa y distintas instancias para incorporar la opinión de la comunidad. "Esta etapa de proyecto está superestructurada, la ley establece cada paso, qué es lo que tiene que hacerse y en ese proceso la participación es fundamental", sostuvo.
Agregando que el proceso ya cuenta con un informe fundado aprobado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu), que respalda la necesidad de actualizar el instrumento vigente desde 2007 y cuya última modificación relevante se realizó hace 16 años.
Del presupuesto total, $59.500.000 corresponden a la etapa de cartografía, actualmente en su fase final, mientras que los restantes $364.954.000 financiarán el desarrollo del proyecto sometido a licitación, cuyo plazo de ejecución será de 36 meses.
El estudio se desarrollará durante 36 meses y estará estructurado en cinco fases de trabajo. La primera corresponderá al diagnóstico territorial, instancia en la que se identificarán las principales problemáticas y oportunidades de desarrollo de Los Ángeles.
Posteriormente, se elaborará una imagen objetivo de la ciudad y se analizarán las propuestas relacionadas con el límite urbano. Ambas etapas contemplan instancias de participación ciudadana para recoger las opiniones y necesidades de los habitantes.
La tercera fase estará destinada al desarrollo del anteproyecto y su Evaluación Ambiental Estratégica, mientras que la cuarta considerará la elaboración del proyecto de Plan Regulador, incluyendo la Ordenanza Local y los planos que establecerán las nuevas disposiciones urbanísticas.
Finalmente, se desarrollará la etapa de aprobación, consulta pública legal y promulgación, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de instrumentos.
Carrasco explicó que la empresa adjudicataria deberá presentar una metodología de trabajo con la comunidad, que incluirá una página web, audiencias públicas y mecanismos para recibir consultas y recoger las inquietudes de los distintos sectores.
El proceso también considerará la participación de organizaciones gremiales, representantes del comercio, transportistas y agricultores, especialmente ante las eventuales modificaciones del límite urbano.
Respecto de los plazos, el asesor urbanista municipal explicó que la licitación deberá completar las etapas de consultas, aclaraciones, presentación y evaluación de ofertas, adjudicación y contratación.
Aunque todavía no existe un calendario definitivo, estimó que estos procedimientos podrían extenderse durante aproximadamente tres o cuatro meses. De cumplirse esa proyección, las primeras actividades de participación ciudadana podrían desarrollarse en marzo de 2027.
Con la publicación de la licitación, Los Ángeles inicia una nueva etapa de planificación que deberá establecer las condiciones para su desarrollo urbano durante las próximas décadas, considerando las necesidades de crecimiento, la conectividad, la protección del suelo agrícola y la calidad de vida de sus habitantes.
El Plan Regulador Comunal es la herramienta jurídica y técnica que define la estructura del espacio público y privado dentro del área urbana. Establece normas para garantizar condiciones adecuadas de higiene, seguridad en las edificaciones y comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento.
Operativamente, determina la zonificación del uso de suelo, localización del equipamiento comunitario, exigencias de estacionamientos, jerarquización vial, densidades, protección del patrimonio, áreas verdes y las prioridades de urbanización conforme a la factibilidad de redes sanitarias y energéticas. Se compone de dos elementos centrales: la Ordenanza Local (normativa legal) y los Planos (representación gráfica de las regulaciones).
En la teoría, su objetivo central es promover un desarrollo comunal armónico que pondere las dinámicas económicas, sociales y ambientales; en la práctica, constituye el marco de referencia técnico y legal indispensable para el otorgamiento de licencias de edificación.
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