Suprema obliga a constructora Galilea a indemnizar a 28 familias por mala calidad de viviendas

La Primera Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible, de forma y fondo, el recurso de casación interpuesto por la defensa de la empresa Galilea, Ingeniería y Construcción, ratificando su responsabilidad en la mala calidad de las viviendas de 28 familias de la villa El Retiro Sur, comuna de Los Ángeles.

La historia se remonta a los años 2012 y 2013 cuando se entregó el conjunto habitacional formado por 400 casas, cuyo valor partía en los 30 millones de pesos (al valor de la UF en la época). Dicho conjunto se sitúa por las calles Seminario con Lynch, en la salida poniente de la ciudad de Los Ángeles, a continuación de la planta Iansa y la subestación eléctrica.

Sin embargo, a poco de comenzar a ocupar las viviendas, los residentes constataron que la humedad se colaba por los pisos y los hongos aparecían por todos los rincones en la mayoría de las casas. Con el tiempo, los problemas se fueron incrementando: aparecieron grietas y fisuras en las paredes, y quedaron en evidencia los descuadres de puertas y ventanas.

Algunos afectados trataron de solucionar los problemas por cuenta propia pero la mayoría apeló al servicio de post venta de la propia constructora.

Debido a que los problemas continuaron, se hicieron asesorar jurídicamente por el abogado Juan Quezada – de la firma que también integran Nathaly Marín, Claudio Ramos, Daniel Lobos y Andrés González – quien entabló una demanda en representación de 28 propietarios.

En septiembre de 2021, en un fallo del Segundo Juzgado Civil de Los Ángeles, se estableció que la empresa fue responsable de construir viviendas con problemas que son atribuibles a la mala calidad del trabajo y de materiales utilizados.

Además, el tribunal fijó un monto de indemnización de entre 7,5 y 8,5 millones de pesos para cada uno de los propietarios afectados. En el desglose, se incluye una suma de dinero fija de cinco millones por daño moral y a una cantidad variable por el concepto de daño emergente. A lo anterior, se deben añadir las costas, es decir, el valor por los honorarios del abogado patrocinante, lo que aproxima el monto a cancelar en cerca de 250 millones de pesos.

Dicho dictamen fue apelado por la constructora, primero en la Corte de Apelaciones de Concepción (que lo rechazó en octubre del año pasado) y luego en la Corte Suprema. El máximo tribunal, en un dictamen de este martes 14 de febrero, volvió a desestimar los argumentos de la defensa de la Constructora Galilea que buscaban echar por tierra el reclamo de las 28 familias afectadas.

“Que lo razonado impone concluir que el recurso de casación en el fondo no podrá prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento”, señala uno de los acápites del fallo dictado por los ministros Mauricio Silva, Eliana Quezada y los abogados integrantes Gonzalo Ruz y Raúl Fuentes.