El seminario "Desafíos de Seguridad para el sector Rural del Biobío", organizado por el Observatorio de Delitos Rurales de Socabio y Empresa Periodística Biobío, reunió a parlamentarios y actores del mundo agrícola para analizar los avances y desafíos frente a la delincuencia rural. La instancia dejó coincidencias respecto a la necesidad de acelerar leyes y fortalecer la capacidad del Estado, aunque también evidenció diferencias sobre el rol del Ejecutivo y las principales trabas en materia de seguridad.
Para los legisladores presentes, el primer gran obstáculo en la lucha contra la delincuencia rural es la ceguera de datos. El diputado Patricio Pinilla fue enfático al señalar el valor de la iniciativa privada frente a las carencias del Estado, celebrando la existencia del observatorio de Socabio ante lo que calificó como una "opacidad de información específica sobre los delitos que ocurren en el mundo rural".
Según el parlamentario, el desconocimiento de la realidad operativa de las policías en estas zonas genera un oscurantismo que alimenta el miedo ciudadano.
Agregando que esta incerteza "contribuye a otro gran problema, que es la sensación de inseguridad". Frente a esto, propuso que el Estado debería tener una "encuesta de seguridad pública rural".
Por otro lado, una visión enfocada en la trazabilidad, ofreció la diputada Joanna Pérez. La legisladora reconoció el trabajo del gremio agrícola para reunir datos, pero subrayó que los aportes no deben limitarse a los afectados, sino que deben traducirse en legislación para "llenar vacíos". Pérez apuntó a la necesidad de fortalecer el control de los mercados negros mediante pórticos y tecnología.
El pantano legislativo: de Constitución a Seguridad
El diálogo también desnudó la frustración ante la inoperancia del propio Congreso. Diversos proyectos clave continúan durmiendo en las comisiones, generando un reclamo transversal por acelerar las urgencias.
La diputada Flor Weisse transparentó la necesidad de reactivar iniciativas fundamentales que actualmente están en trámite, como la tipificación de delitos rurales y el proyecto de abigeato que sigue estancado en el Senado. Además, hizo hincapié en la urgencia de "agravar las penas que se cometen en delitos que se cometan en zonas rurales como homicidio, por ejemplo, en un lugar rural, un lugar despoblado".
Por su parte, el diputado Pinilla anunció una estrategia procedimental directa para sortear este bloqueo en la Cámara Baja. Tras confirmar su participación en la activación de un proyecto que tipifica de manera separada el robo de maquinaria agrícola e insumos, disparó contra la lentitud del proceso legislativo actual.
Contrastes políticos frente a la gestión del Ejecutivo
Pese al diagnóstico crítico sobre la legislación, el seminario dejó un interesante espacio para visiones contrastantes sobre el compromiso del actual gobierno en materia de seguridad.
El senador Enrique Van Rysselberghe se mostró optimista respecto al escenario político, utilizando como gran ejemplo el éxito de la Ley 21.488 en la provincia de Arauco. El senador confía en que hoy existen indicadores sustantivamente más bajos en el robo de madera, lo que permite mirar con esperanza las correcciones legislativas para otros delitos.
Esta lectura optimista contrasta notoriamente con la postura de la diputada Weisse, quien optó por un tono mucho más crítico. Aunque reconoció que la seguridad rural parece ser hoy una prioridad gubernamental, lanzó dardos hacia la gestión pasada y exigió resultados inmediatos al actual mandato.
El seminario cerró dejando una tarea clara e ineludible para la clase política del Biobío: transformar las reflexiones y el levantamiento de datos empíricos en leyes concretas que logren devolver la tranquilidad a los campos del sur.
