La seguridad en zonas rurales de la provincia de Biobío fue el eje central del debate en el seminario realizado en Los Ángeles, donde se advirtió sobre la falta de evidencia territorial y la necesidad de fortalecer la denuncia ciudadana como base para la investigación de delitos.
El encuentro "Desafíos de Seguridad para el Sector Rural de Biobío" fue organizado por el Observatorio de Delitos Rurales de Socabio junto a Diario La Tribuna, Radio San Cristóbal y Agencia Media Chile.
La instancia reunió a autoridades, representantes gremiales y actores del mundo agrícola junto a funcionarios policiales, quienes analizaron los principales desafíos asociados a la prevención e investigación de delitos en el sector rural.
Los datos expuestos durante la jornada corresponden al trabajo del Observatorio de Delitos Rurales de Socabio, entidad que ha desarrollado procesos de levantamiento y sistematización de información sobre la ocurrencia de ilícitos en la zona.
OBSERVATORIO SURGE POR FALTA DE DATOS RURALES
De acuerdo con Jorge Contreras Blümel, director ejecutivo del Observatorio de Delitos Rurales de Socabio, el sector agrícola se enfrentaba a un escenario desalentador. Contreras explicó que encuestas previas, como las de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), carecían de rigor y focalización geográfica local. Uno de los mayores obstáculos es que el Sistema Táctico Operativo Policial (STOP) de Carabineros solamente categoriza el abigeato como delito rural. Como consecuencia, robos devastadores que paralizan campos enteros, como la sustracción de cables de transformadores de riego o millonarios agroquímicos, quedan ocultos estadísticamente como hurtos comunes.
Ante este vacío, el Observatorio fijó una rigurosa meta de 18 meses de monitoreo, inspirándose en la Multigremial de La Araucanía, para generar estadísticas comparadas reales. Inicialmente, el equipo focalizó su despliegue en seis comunas, incluyendo Los Ángeles, Quilaco y Antuco. Se definieron cuatro delitos a monitorear: hurto de cobre, sustracción de maquinaria, insumos agroquímicos y el descontrolado abigeato.
Para ilustrar el daño, Contreras relató el caso de un criancero en Antuco que cerró definitivamente su negocio debido al faenamiento diario de sus vaquillas. Finalmente, criticó el escepticismo generado por las notificaciones vía SMS que cierran causas penales, llamando a imitar a la mesa técnica de O'Higgins, que capacitó a la policía para identificar pesticidas y logró apresar a una banda de 22 delincuentes.
LA DENUNCIA CIUDADANA Y EL ECOSISTEMA DE SEGURIDAD POLICIAL
Reforzando la urgencia de información desde el minuto cero, la perspectiva investigativa quedó plasmada por Tamara Hernández Aravena, jefa de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de PDI Biobío, que la denuncia es lo que proporciona la inmediatez indispensable a los detectives. Aseguró que resulta vital proporcionar detalles descriptivos exactos sobre la hora de comisión, lugar geográfico y presuntos autores, puesto que esta inmediatez acorta los tiempos de despliegue táctico. Un factor crítico en la ruralidad es el estricto resguardo del sitio del suceso, ya que "los factores ambientales y climáticos siempre pueden alterar la prueba".
La oficial reconoció el enorme miedo que enfrentan los testigos de campo a sufrir represalias, pero garantizó la existencia de estrategias institucionales orientadas a resguardar los datos confidenciales de los informantes. En su alocución, recalcó que la PDI busca conformar un "ecosistema de seguridad" permanente, donde el Estado, los gremios privados, la academia y los vecinos colaboren sinérgicamente ante el avance del crimen organizado y el narcotráfico hacia la ruralidad.
LAS DIVERSAS REALIDADES DE LOS GREMIOS
En cuanto a la recolección tecnológica, Rocío Burgos, gerente del Observatorio de Delitos de Socabio, detalló el éxito de un inédito panel interactivo público. Burgos, hija de agricultores de la zona, explicó que esta plataforma dinámica se nutre mediante un formulario disponible 24/7 en dispositivos electrónicos, diseñado para adjuntar evidencias como videos, fotografías perimetrales y coordenadas GPS precisas. El minucioso trabajo de llamar a cada agricultor afectado evidenció realidades dispares.
En las avellanas, un 31% sufrió incidentes recientes (siendo el 71% robo de agroquímicos) y un positivo 85% formalizó su denuncia. En el sector de berries, un 47% fue violentado (principalmente por robo de maquinaria), pero solo el 50% informó el hecho. El panorama más crítico corresponde a los productores de achicoria: un mayoritario 60% reportó ilícitos (dominados ampliamente por el robo de cobre), pero a causa de una enorme frustración al no recuperar sus especies, un 27% denunció de forma intermitente y un significativo 22% decidió abstenerse completamente del proceso penal.
EL LABERINTO JUDICIAL Y EL PODER DE LA QUERELLA COLECTIVA
La cruda dimensión legal la abogada del Observatorio de Delitos de Socabio, Scarlett Hemmelmann. La exfuncionaria de fiscalía advirtió una generalizada confusión entre realizar una denuncia básica y presentar una querella criminal, siendo esta última la herramienta exclusiva que permite a la víctima exigir peritajes al fiscal. Hemmelmann alertó sobre la desconexión que genera una "justicia de papel", citando como ejemplo el sector de Pan de Azúcar, donde los vecinos dejaron de llamar a Carabineros porque estos jamás llegaban al lugar de los hechos. El resultado común es el archivo provisional incesante de las causas por falta de pruebas.
Al asesorar a ocho agricultores vulnerados, reveló que solo uno logró resultados positivos, y esto gracias a que asumió un agotador rol proactivo presentando grabaciones y presionando presencialmente al sistema. La experta fustigó el fenómeno de la "puerta giratoria", lamentando que prolíficos delincuentes recuperen la libertad rápidamente con medidas cautelares menores. Recomendó enfáticamente no perder los plazos de la flagrancia y registrar los números de serie. Como principal táctica procesal, instó a presentar querellas colectivas para unificar geográficamente los daños, elevando drásticamente la cuantía y forzando judicialmente a investigar a estas agrupaciones bajo la figura de asociación ilícita.
EL RESPALDO DEL EJECUTIVO Y LA TAREA INTERINSTITUCIONAL
Francesco Venezian, subsecretario de Agricultura, reconoció el desánimo agrícola, afirmando que la seguridad es un derecho humano y exigió a fiscales y jueces agilizar los procesos investigativos. Argumentó que el robo de valiosos agroquímicos o tractores no tiene un fin recreativo o domiciliario, sino que alimenta el comercio en un enorme mercado ilícito interregional. Instó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a intensificar el control de inventarios y facturas comerciales en bodegas.
El delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, recalcó la vasta labor de articulación estratégica que desarrollan junto al SAG, CONAF, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Dirección del Trabajo (DT) para cercar financieramente a los ladrones. Emplazó a la población a dimensionar que situaciones aparentemente toleradas, como la venta clandestina de leña en la calle, ocultan violentas usurpaciones a la propiedad privada y la tala indiscriminada del bosque nativo. Advirtió también que las bandas de narcotraficantes se están desplazando hacia comunas rurales para instalar bases logísticas alejadas de la vigilancia urbana y operar con impunidad.
LEGISLACIÓN ESTANCADA Y LA DESIGUALDAD PRESUPUESTARIA
El obsoleto marco normativo penal lo abordó la diputada Joanna Pérez, quien anunció la redacción conjunta con el Observatorio de un proyecto de ley de 13 páginas destinado a implementar un severo "mecanismo de trazabilidad" logístico para insumos, maquinaria y cables, emulando la exitosa normativa contra el robo de madera. Comparó esta urgente actualización con la eliminación de las 48 horas de espera en las denuncias por personas extraviadas, salvando vidas al actuar inmediatamente.
La diputada Flor Weisse recalcó que sin seguridad es imposible invertir en el campo, recordando que vastas zonas de la región sufren letales incendios y terrorismo coordinado, condenando cualquier intento ideológico de relativizar esta brutalidad con falsas reivindicaciones.
El diputado Patricio Pinilla, expuso con datos duros que actualmente hay ocho importantes proyectos de seguridad rural paralizados en el Congreso, algunos inactivos desde enero en la comisión de constitución. Manifestó que el actual artículo 488 bis del Código Penal para sancionar el abigeato resulta inútil y "totalmente insuficiente" para frenar la moderna industria delincuencial y las nuevas usurpaciones ligadas al cannabis.
Finalmente, la concejal Oriana Offerman desnudó la grave precariedad preventiva edilicia: los municipios carecen de plataformas integradas con policías y sufren una asfixiante brecha presupuestaria. De los 70.000 millones de pesos del municipio de Los Ángeles, apenas cerca de 400 millones (un escuálido 0,5%) se destinan a Seguridad, impidiendo equipar correctamente a sus inspectores y dotar de protección real a los inmensos territorios agrícolas de la provincia.
